El Gobierno nacional oficializó este martes la distribución de fondos prevista en el Presupuesto 2026 y estableció nuevas pautas para el manejo de créditos, la cobertura de vacantes y la reorganización de cargos en la administración pública.
La medida quedó plasmada en la Decisión Administrativa 1/2026, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial. El texto desagrega el detalle de partidas y cargos para cada organismo, contemplando tanto gastos corrientes como de capital.
Entre los principales cambios, se definió que la Jefatura de Gabinete tendrá la facultad de subdividir los créditos hasta el nivel más específico, según programas o categorías, con el objetivo de reforzar el seguimiento sobre el uso del presupuesto asignado a cada área.
En paralelo, se fijaron restricciones más estrictas para cubrir vacantes. Los organismos deberán acreditar que el cargo efectivamente está disponible y que cuenta con financiamiento asignado. Además, los movimientos en puestos ejecutivos quedarán sujetos a una instancia previa de evaluación por parte de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y de la Secretaría de Hacienda.
La decisión también incorpora obligaciones de reporte: cada dependencia deberá informar trimestralmente la evolución de su planta de personal y las contrataciones. Si se pretende modificar estructuras o incorporar cargos, se exigirá un informe que detalle costos y fuente de financiamiento antes de avanzar con la aprobación.
En el caso de áreas vinculadas a gastos de inteligencia, la norma agrega un control extra: cualquier intento de reorientar fondos o modificar planes presupuestarios requerirá autorización expresa del organismo correspondiente.
Por último, para ejecutar compras de bienes de uso u obras, se dispuso que los organismos deberán contar de manera obligatoria con un dictamen técnico favorable de la Dirección Nacional de Inversión Pública, como condición previa para avanzar con esas erogaciones.
