La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión de Tecnópolis, en una causa que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La presentación judicial apunta a posibles delitos contra la administración pública y solicita medidas de prueba para determinar si existieron maniobras incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Uno de los ejes del planteo está centrado en una licitación vinculada a servicios de mensajería masiva. Según la denuncia, desde la Secretaría de Comunicación y Medios se habría adjudicado a ATX S.A. un contrato por más de $3.650 millones para el envío de mensajes SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas. La presentación pone la lupa sobre eventuales vínculos entre empresas participantes, entre ellas ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., una situación que, de confirmarse, podría afectar la transparencia y la competencia del proceso.
El escrito también advierte sobre diferencias de precios respecto de licitaciones similares y sobre la reiteración de firmas relacionadas en distintos procedimientos. Desde esa perspectiva, la denunciante sostiene que podría haberse configurado una posible “simulación de competencia” en perjuicio del Estado, un punto que ahora quedará sujeto a la evaluación judicial.
Otro capítulo de la denuncia se concentra en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso valuado en más de $183.300 millones y tramitado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende de la Jefatura de Gabinete. Allí se menciona un posible conflicto de interés a partir de la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, y empresas vinculadas a una de las firmas preseleccionadas para esa concesión junto a DirecTV Argentina.
La presentación judicial además alude a supuestas conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado. Para la denunciante, ese entramado merecería ser investigado a fin de establecer si existieron incompatibilidades, beneficios cruzados o algún tipo de ventaja indebida en procesos bajo control estatal.
De acuerdo con lo difundido sobre el expediente, los hechos denunciados podrían encuadrarse, eventualmente, en figuras como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Por esa razón, Pagano pidió la apertura formal de una investigación y la producción de pruebas para precisar responsabilidades tanto de funcionarios como de empresarios eventualmente involucrados.
La nueva denuncia se suma a otros cuestionamientos recientes que giran en torno a Adorni y su entorno, en medio de un clima político atravesado por versiones, polémicas y pedidos de explicaciones públicas. Por ahora, la presentación abre una instancia judicial preliminar: el avance del caso dependerá de las medidas que adopte la Justicia y de la consistencia de la documentación que se incorpore al expediente.
