El Gobierno nacional modificó el esquema de compensación de la tarifa social del transporte y estableció un cambio que impactará directamente en las cuentas provinciales y municipales.
La medida mantiene el reconocimiento del 55% para los beneficiarios de la tarifa social, pero introduce una diferencia clave: ese porcentaje ya no se calculará automáticamente sobre cada aumento que definan las jurisdicciones locales, sino sobre una tarifa de referencia congelada al 30 de junio de 2026.
Hasta ahora, cuando una provincia o municipio aumentaba el boleto, el aporte nacional se actualizaba en función del nuevo valor. De esa manera, Nación compensaba el 55% de la tarifa vigente en cada distrito.
Con el nuevo esquema, ese reajuste automático se corta. Si una jurisdicción decide subir el boleto en los próximos meses, el Estado nacional seguirá reconociendo el 55% calculado sobre el valor de referencia anterior, salvo que la Secretaría de Transporte disponga una actualización.
En la práctica, la decisión busca contener el gasto nacional y evitar que las subas definidas por gobernadores o intendentes impacten de manera directa sobre las erogaciones del Tesoro. El costo político y fiscal de futuros aumentos quedará en manos de las provincias y municipios.
Para los usuarios alcanzados por la tarifa social, el cambio no debería generar un impacto inmediato. Sin embargo, si una jurisdicción aumenta el pasaje y quiere mantener el mismo descuento efectivo, deberá cubrir la diferencia con fondos propios. Si no lo hace, el incremento podría trasladarse parcialmente al beneficiario.
El beneficio alcanza, entre otros grupos, a jubilados y pensionados, personal de casas particulares, veteranos de Malvinas, monotributistas sociales, titulares de AUH, beneficiarias de la Asignación por Embarazo, personas con seguro de desempleo y titulares de Pensiones No Contributivas.
La resolución también incluye a usuarios de trenes, aunque en ese caso el impacto sería menor porque los servicios ferroviarios urbanos se mantienen bajo jurisdicción nacional.
Las provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires conservarán la posibilidad de otorgar descuentos, gratuidades o beneficios adicionales. La diferencia es que, de ahora en más, deberán financiarlos con recursos propios.
El cambio marca un nuevo paso en la política oficial de ordenar subsidios, limitar transferencias automáticas y separar el gasto nacional de las decisiones tarifarias que tomen las jurisdicciones locales.
