El Gobierno nacional formalizó en el Senado un proyecto de reforma electoral integral con el que pretende modificar varios pilares del sistema político argentino. La iniciativa, de 79 artículos, propone eliminar las PASO, endurecer las exigencias para la creación y permanencia de los partidos, incorporar la figura de ficha limpia, consolidar la Boleta Única de Papel y cambiar el esquema de financiamiento electoral.
Uno de los ejes centrales del texto es la supresión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Si el proyecto avanza, las internas dejarían de ser organizadas y financiadas por el Estado y pasarían a quedar bajo responsabilidad exclusiva de cada partido político. El oficialismo justifica esa modificación en el costo fiscal del sistema y sostiene que las PASO obligan a toda la sociedad a financiar disputas internas que, en muchos casos, ni siquiera terminan definiendo candidaturas.
La propuesta también introduce cambios en la estructura partidaria. Para obtener personería jurídico-política, las agrupaciones deberán cumplir requisitos más estrictos de constitución, afiliación y despliegue territorial. Además, se suman nuevas causales de caducidad para partidos que no participen en elecciones consecutivas o que no alcancen determinados niveles de representación, con el objetivo declarado de evitar sellos sin actividad real.
Otro punto sensible es la inclusión de ficha limpia. El proyecto establece que no podrán ser candidatos ni ocupar cargos partidarios quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos, entre ellos corrupción, lavado de dinero o narcotráfico. La restricción también alcanzaría a la imposibilidad de desempeñarse en la administración pública, bajo un criterio más severo en materia de integridad de los funcionarios.
En paralelo, el Gobierno propone que la Boleta Única de Papel pase a ser obligatoria en las elecciones nacionales. El esquema previsto contempla una boleta por categoría, la posibilidad de votar lista completa y un sistema de diseño y ubicación definido por sorteo público. En materia de campaña, además, se establecen plazos específicos y limitaciones para actos de gobierno en los días previos a la votación.
En cuanto al financiamiento político, la reforma endurece controles y restricciones. El texto prohíbe donaciones anónimas y aportes de concesionarias, sindicatos, extranjeros o personas condenadas por delitos graves. También dispone que todos los movimientos de campaña se canalicen a través de una única cuenta bancaria por distrito y fija que al menos el 10% de los fondos públicos se destine a capacitación e investigación partidaria.
El oficialismo eligió al Senado como cámara de origen en una señal de que buscará negociar especialmente con los gobernadores, actores clave para reunir apoyos. Aun así, el tratamiento asoma complejo: la reforma toca intereses sensibles de todo el arco político y anticipa una discusión intensa sobre el futuro de las reglas electorales.
