El Gobierno decidió eliminar la obligación para las empresas de transporte de larga distancia de ofrecer un seguro de riesgo por muerte o incapacidad para los pasajeros. Esta medida, que ha generado preocupación entre los usuarios, se oficializó este jueves mediante la publicación de la Resolución 775/2024 en el Boletín Oficial, con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.
La decisión se enmarca en el plan de desregulación estatal que promueve la administración de La Libertad Avanza, ahora aplicado al sector del transporte. La intención detrás de esta medida es reducir el costo de los pasajes al eliminar la exigencia del seguro, aunque existen dudas sobre si realmente se reflejará en un abaratamiento de los boletos. Esta resolución anula la normativa previa, la Resolución 684, implementada durante el gobierno de Alberto Fernández, que obligaba a las empresas de transporte a ampliar el seguro de responsabilidad civil para cubrir los riesgos de muerte e incapacidad de los pasajeros en accidentes durante los viajes de larga distancia.
Con la derogación de esta regulación, también se elimina la obligación de las empresas de incluir el costo del seguro en los boletos, que anteriormente debía ser informado para que los pasajeros conocieran el alcance de la cobertura. A partir de ahora, las compañías solo estarán obligadas a ofrecer los seguros básicos que ya tienen contratados.
El Ministerio de Economía explicó que la medida se tomó tras considerar la opinión de la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, que sugirió armonizar las normativas actuales con los principios de desregulación establecidos en el decreto 70/2023. Este decreto promueve la apertura y competencia en el sector, y en ese marco, se decidió derogar el régimen de ampliación del seguro de vida obligatorio para el transporte automotor de pasajeros a nivel nacional.
El texto oficial subraya que el mencionado decreto establece un principio de desregulación, según el cual el Estado debe asegurar un sistema económico basado en decisiones libres, en un entorno de competencia, respetando la propiedad privada y los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo.
En consecuencia, el Gobierno busca eliminar cualquier restricción normativa que distorsione los precios de mercado o impida la libre iniciativa privada, promoviendo un entorno donde la oferta y la demanda interactúen de manera espontánea, sin la interferencia de regulaciones que puedan afectar el equilibrio del mercado.
