Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros Provinciales del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública y Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, encabezaron el operativo de toma de posesión de un edificio ubicado en Buenos Aires al 1063, decomisado por orden judicial en el marco de una causa por estafa inmobiliaria vinculada al empresario Leandro Pérez.
El inmueble, compuesto por 27 unidades funcionales, fue decomisado por disposición judicial tras la investigación por estafa inmobiliaria, y según explicó Figueroa Escauriza, hace un mes se había notificado a los ocupantes sobre la obligación de restituirlo, intimación que se reiteró la semana pasada ante la persistencia de ocupaciones e incluso la concreción de nuevos alquileres de manera deliberada.
“Hoy estamos llevando adelante el decomiso de esta propiedad. Venimos a recuperar un bien que la Justicia determinó que proviene de una actividad delictiva y que, a partir de ahora, pasará a formar parte del patrimonio del Estado”, señaló el funcionario, quien además detalló que durante el procedimiento se detectó a un grupo de personas que había ingresado al edificio durante la noche tras forzar los accesos, con la intención de ocupar algunas unidades. “Estas situaciones son las que aparecen cuando se afecta el patrimonio de quienes cometieron delitos”, remarcó.
Una vez finalizadas las actuaciones y relevado el estado del inmueble, la Provincia realizará las tareas de acondicionamiento necesarias para incorporarlo a una subasta pública prevista para marzo o abril del año próximo en Rosario. En ese sentido, Angelini enmarcó el procedimiento dentro de la política de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, que tiene en la investigación patrimonial una herramienta clave para desarticular estructuras criminales: “El objetivo es avanzar sobre toda la cadena del delito: desde quienes ejecutan los hechos hasta quienes obtuvieron enormes beneficios económicos mediante actividades ilegales”, afirmó, y apuntó también contra los “delincuentes de guante blanco” que acumularon patrimonio a costa del perjuicio de miles de rosarinos.
El funcionario destacó la complejidad técnica que implican las investigaciones por lavado de activos y decomiso de bienes, y valoró el trabajo coordinado entre el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación para concretar el procedimiento. “Lo importante es que esos bienes ya no generan ganancias para quienes cometieron delitos. Ahora pasan al Estado y podrán ser reutilizados en beneficio de toda la sociedad”, concluyó Angelini.
