Mientras el gobierno nacional avanza con la idea de llevar al Congreso una nueva ley penal juvenil, en Rosario la Iglesia salió a marcar posición y reclamó ser parte de una discusión más amplia que no se limite al castigo. Desde la Pastoral Carcelaria de la Arquidiócesis plantearon que el foco no debería ponerse únicamente en reducir la edad de imputabilidad, sino en las condiciones sociales que empujan a muchos adolescentes a quedar al margen.
El padre Fernando Bustamante, delegado episcopal del área, advirtió que “estamos poniendo a los menores de edad en el centro, cuando hay que plantearlo desde el acceso a la educación, salud y trabajo”, y recordó que la Iglesia ya había pedido un abordaje integral en pronunciamientos previos. En esa línea, sostuvo que el régimen actual necesita una reforma —por su antigüedad—, pero insistió en que bajar la edad “parcializa” el debate.
Bustamante remarcó que la discusión debería alinearse con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y otros compromisos internacionales incorporados con jerarquía constitucional. Y planteó un interrogante práctico que, según dijo, suele quedar fuera de escena: si se amplía el alcance penal hacia edades más bajas, “¿dónde lo vamos a encerrar?”, “¿en qué condiciones?” y “¿bajo la tutela de qué personal?”, en referencia a la falta de ámbitos especializados y de políticas de reinserción reales.
Además, el sacerdote vinculó el tema con problemáticas que atraviesan a los jóvenes y terminan impactando en el delito, como el consumo problemático y la salud mental. Para la Pastoral, reducir la discusión a penas estandarizadas y encierro puede sonar a respuesta rápida, pero no resuelve las causas de fondo. “Los jóvenes quedaron solos”, sintetizó, y pidió que en la mesa no hablen solo voces del ámbito punitivo, sino también especialistas de diferentes disciplinas y actores sociales.
