El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, con el objetivo de desplazar al Estado de su rol regulador. La iniciativa busca limitar las funciones de control de la Inspección General de Justicia (IGJ) y de los registros públicos, estableciendo un marco donde el estatuto de cada empresa tenga prioridad absoluta sobre las normas estatales y las restricciones sean excepcionales.
Entre las modificaciones principales, se eliminarán las trabas burocráticas permitiendo que las empresas tengan un objeto social amplio, plural y sin obligación de conexidad entre sus actividades.
Además, las sociedades podrán resolver sus conflictos internos bajo legislación extranjera o mediante cláusulas arbitrales fuera de la justicia ordinaria. También se promoverá la digitalización total de los trámites, incluyendo libros digitales, asambleas a distancia, firmas electrónicas y mandatos de directores por tiempo indeterminado.
El proyecto también abre la puerta a la modernización tecnológica extrema y a nuevas herramientas de financiamiento. Regulará las “Sociedades Automatizadas” (operadas por inteligencia artificial y algoritmos) y las “DAO” (organizaciones descentralizadas registradas en blockchain), otorgándoles personalidad jurídica y responsabilidad limitada. Asimismo, incorporará los instrumentos de inversión convertibles -activos híbridos que inician como deuda y pueden transformarse en acciones- y facilitará la fusión directa de empresas de un mismo grupo económico sin trámites adicionales.
Finalmente, la propuesta reabre un fuerte debate sobre la falta de controles estatales, similar al ocurrido con las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) durante el gobierno de Mauricio Macri.
Los críticos advierten que esta flexibilización debilita el amparo legal histórico de la Ley N° 19.550, dejando desprotegidos a los socios minoritarios frente a decisiones arbitrarias, a los acreedores y terceros ante posibles fraudes o lavado de activos, y al propio patrimonio de las empresas frente a una mala gestión.
