El Senado aprobó por 60 votos a favor y uno en contra (del jefe del bloque PRO Humberto Schiavoni) la Ley de Respuesta Integral al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Hepatitis Virales y Tuberculosis, que actualiza la Ley Nacional de SIDA, vigente desde 1990. El proyecto había sido elaborado por más de 200 organizaciones y redes de la sociedad civil nucleadas en el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH, junto con el Ministerio de Salud de la Nación y sociedades científicas.
RESUMEN DE LO QUE HAY QUE SABER
- El Senado aprobó la Ley de Respuesta Integral al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Hepatitis Virales y Tuberculosis, que actualiza la Ley Nacional de SIDA, vigente desde 1990.
- En la Argentina se estima que son 140 mil las personas con VIH, aunque un 17% de ellas lo desconoce, según datos del Ministerio de Salud de la Nación.
- En esta nota, claves para entender de qué se trata la nueva ley y por qué es importante contar tras 30 años con una nueva normativa.
Como contamos en esta nota, en la Argentina se estima que son 140 mil las personas con VIH, aunque un 17% de ellas lo desconoce, según datos del último Boletín sobre el VIH, SIDA e ITS del Ministerio. Por año se producen un promedio de 4.500 nuevos casos, diagnosticándose 2,4 varones cis con VIH por cada mujer cis con el virus. Por otro lado, la tasa de mortalidad por patologías asociadas al VIH continúa en descenso, ubicándose en 2,81 cada 100 mil habitantes en 2019.
El proyecto que se convirtió en ley reemplaza el “enfoque biomédico” de la norma vigente por uno “con perspectiva de género y derechos humanos” y con una respuesta integral a las personas que viven con la enfermedad. Además, incorpora en la misma normativa, junto con el VIH, otras ITS, las hepatitis virales y la tuberculosis.
La nueva iniciativa contempla la prohibición de realizar la prueba de detección de ITS como parte de los exámenes preocupacionales (derogación del decreto 906/95), la erradicación de las prácticas discriminatorias, el impulso a la producción pública de medicamentos e insumos para su tratamiento y la participación activa de las personas con diagnóstico positivo en el diseño de políticas. demás, apunta a la posibilidad de la jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 años de aportes y al menos 10 como persona positiva; junto a una pensión no contributiva del 70% del haber mínimo para los mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
