Rosario fue escenario de una nueva subasta de bienes decomisados al delito y la convocatoria volvió a mostrar una dimensión inédita: 5.411 personas de todo el país se registraron para participar del remate, que reunió oferentes de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Según el balance oficial, se trató de la edición con mayor alcance federal desde que comenzó esta modalidad en Santa Fe.
La jornada se desarrolló en el Salón Metropolitano y tuvo como pieza más llamativa un avión secuestrado en una causa penal, que finalmente fue vendido en 70 millones de pesos. Los compradores fueron pilotos cordobeses que, de acuerdo con la información difundida, planean destinar la aeronave a servicios de vuelos privados.
Además del avión, la puja incluyó 150 lotes y, según las autoridades, todos encontraron comprador. Entre los bienes más cotizados figuraron una Toyota SW4, adjudicada en 59 millones de pesos, y un Audi A7, que alcanzó los 42 millones. En el segmento de motos, las unidades más valiosas llegaron a 8 millones, mientras que las más accesibles partieron desde los 600 mil pesos.
La subasta fue organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que tiene a su cargo la gestión de los objetos y vehículos decomisados en investigaciones judiciales. Desde el gobierno provincial remarcaron que el dinero obtenido no queda en una caja general, sino que tiene destinos específicos: resarcir a víctimas del delito, financiar el funcionamiento de la propia agencia y asistir a instituciones de bien público.
En ese sentido, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó que con este mecanismo ya fueron compensadas más de 46 víctimas, con una recuperación superior a los 300 millones de pesos. También señaló que parte de esos fondos se utilizó para mejorar frentes de comercios rosarinos que habían sufrido robos o hechos de vandalismo.
La actividad tuvo además una fuerte impronta política. El gobernador Maximiliano Pullaro participó del evento y aprovechó para presentar la subasta como parte de una política de persecución patrimonial contra el delito. En esa línea, sostuvo que la lógica oficial apunta no solo a encarcelar a quienes delinquen, sino también a quitarles los bienes para devolver esos recursos a la sociedad.
Para garantizar la transparencia del proceso, el gobierno informó que todos los compradores fueron sometidos a controles previos del Ministerio de Seguridad y de la Policía de Investigaciones. También se indicó que, una vez concretada la compra, se realizará una segunda auditoría sobre el origen lícito de los fondos y que los pagos solo pueden efectuarse por vía bancaria. A eso se suma que los vehículos adjudicados recibirán nuevas patentes y bloqueo de dominio, para cortar cualquier vínculo registral con sus antiguos dueños.
Con esta quinta edición, Santa Fe consolida un modelo que ya acumula más de 3.500 millones de pesos recaudados en los cuatro remates anteriores y que ahora sumó un nuevo récord de participación. La magnitud de la convocatoria y la venta total de los lotes volvieron a mostrar que el interés por este tipo de subastas ya excede por mucho el mapa provincial.
