Santino Alvarado, hijo del condenado líder narco Esteban Alvarado, presentó una demanda judicial para recuperar una propiedad de cuatro hectáreas ubicada en la localidad de Piñero, que fue decomisada por la Justicia en el marco de la causa que llevó a prisión a su padre. La finca, conocida como “Los Muchachos”, fue escenario del secuestro y asesinato de Lucio Maldonado, crimen que dio origen a una de las investigaciones criminales más trascendentes de los últimos años en Rosario.
El gobierno provincial fue notificado de la presentación este jueves y confirmó que no accederá al pedido. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad adelantaron que defenderán el decomiso en los tribunales, al considerar que se trata de un bien directamente vinculado a actividades delictivas.
En una conferencia de prensa realizada este viernes por la mañana, el ministro Pablo Cococcioni sostuvo que “no estamos hablando de una simple propiedad familiar, sino de un lugar que funcionó como instrumento para cometer un homicidio”. En ese predio fue retenido Maldonado, prestamista asesinado en noviembre de 2018, cuyo cuerpo apareció abandonado cerca del casino de Rosario con una nota mafiosa. Su muerte fue el punto de partida para la causa que terminó desmantelando la estructura mixta que lideraba Alvarado, actualmente detenido en el penal de Ezeiza.
“El decomiso es parte esencial de nuestra política criminal”, remarcó Cococcioni. “No tiene sentido destinar enormes recursos en inteligencia, investigaciones y detenciones, si luego los bienes utilizados para delinquir regresan a manos de familiares directos de los condenados”, argumentó.
Por su parte, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, respaldó la postura oficial y agregó: “Este caso no involucra a un tercero de buena fe ni a una víctima colateral, sino al hijo directo del principal responsable. Confirma que el camino que elegimos es el correcto”.
El predio en disputa, que había sido inscripto a nombre de allegados de Alvarado, quedó bajo control estatal luego de ser vinculado al entramado criminal. La demanda busca revertir esa medida, bajo el argumento de que se trata de un bien de la familia y no producto del delito. Sin embargo, la Provincia insiste en que la utilidad del inmueble en la comisión de crímenes justifica plenamente su incautación.
Las autoridades confirmaron que enfrentarán el proceso judicial correspondiente y reafirmaron su compromiso con el uso del decomiso como herramienta central para desarticular economías delictivas.
