La central sindical había promovido una acción de amparo acompañada por una medida cautelar para impedir de manera inmediata la implementación de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral. Según el planteo, esas disposiciones establecen el traspaso del fuero laboral al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y contemplan el cierre progresivo de distintos tribunales nacionales del trabajo.
El magistrado resolvió no hacer lugar al pedido al considerar que, en esta etapa del proceso, no se acreditaron los requisitos necesarios para adoptar una medida urgente que suspenda la vigencia de una ley aprobada por el Congreso. En su análisis, sostuvo que tampoco se verificó la existencia de un daño inmediato que justificara alterar el curso normal del proceso judicial.
El planteo sindical contra la reforma
La CGT argumentó en su presentación que los cambios introducidos por la reforma laboral afectan derechos laborales de rango constitucional. Desde la organización sindical señalaron que la normativa podría impactar en garantías vinculadas a la protección frente al despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical y el acceso a la seguridad social.
Además, el planteo judicial sostuvo que las modificaciones implicarían un retroceso en derechos adquiridos por los trabajadores, lo que —según la central obrera— contradiría principios jurídicos vinculados con la protección laboral y la progresividad de los derechos sociales.
Cambios en la estructura judicial laboral
Uno de los puntos centrales cuestionados por el sindicato es el proceso de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo hacia la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa prevé el cierre de 30 juzgados de primera instancia y de una de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como parte de la reorganización del sistema.
De acuerdo con el planteo sindical, esta reestructuración podría debilitar las herramientas institucionales que utilizan los trabajadores para resolver conflictos laborales.
El proceso judicial continuará
Tras el rechazo de la cautelar, la causa seguirá su curso para que se analice el fondo de la cuestión planteada en el amparo. En esa instancia se evaluará la constitucionalidad de los artículos cuestionados y la legalidad de los cambios introducidos por la reforma laboral.
Mientras tanto, la normativa continuará vigente hasta que exista una definición judicial definitiva sobre el planteo realizado por la organización gremial.
