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La Argentina perdió una apelación por Aerolíneas y deberá pagar más de u$s390 millones

Un tribunal estadounidense confirmó una sentencia vinculada con la estatización de la compañía aérea en 2008. El monto original fijado por el CIADI aumentó por la acumulación de intereses.

La Justicia de Estados Unidos rechazó una apelación presentada por la Argentina y confirmó una condena que obliga al Estado nacional a pagar más de u$s390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó el fallo favorable a Titan Consortium, fondo que adquirió los derechos para cobrar la indemnización reclamada por los antiguos propietarios de la compañía aérea.

La disputa se originó en 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner avanzó con la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, que hasta entonces se encontraban bajo el control del grupo español Marsans.

Las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre el valor de la empresa. Mientras los propietarios privados reclamaban una compensación millonaria, el Tribunal de Tasaciones de la Nación sostuvo que la compañía tenía patrimonio negativo debido a su nivel de endeudamiento.

El conflicto llegó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido como CIADI. En 2019, ese tribunal condenó al Estado argentino a pagar alrededor de u$s320 millones por la expropiación.

Posteriormente, los derechos derivados del juicio quedaron en manos de Titan Consortium. La deuda continuó creciendo por la aplicación de intereses hasta superar los u$s390,9 millones.

La Argentina intentó revertir la resolución ante la Justicia estadounidense, pero la Cámara de Apelaciones desestimó sus argumentos y dejó firme la sentencia anterior.

El nuevo revés judicial se suma a la extensa lista de litigios internacionales que enfrenta el país por decisiones adoptadas durante diferentes gobiernos. Muchos de esos procesos derivaron de estatizaciones, incumplimientos contractuales o demandas presentadas ante tribunales arbitrales.

La resolución no modifica la propiedad ni el funcionamiento actual de Aerolíneas Argentinas. La consecuencia directa es financiera: el Estado deberá afrontar el pago de la indemnización reconocida judicialmente, junto con los intereses acumulados.

El Gobierno nacional todavía podría evaluar la presentación de nuevos recursos legales. Sin embargo, la ratificación del fallo reduce considerablemente las posibilidades de revertir el resultado del expediente.

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