Sigue la investigación a una inmobiliaria rosarina que otorgaba préstamos a terceros de manera ilegal.
En una causa federal en la que se investigan maniobras de lavado de activos concretadas a través del tipo penal conocido como intermediación financiera no autorizada la Fiscal Maria Virginia Sosa solicitó dos medidas de relevancia en el marco de la causa que investiga el otorgamiento de préstamos a través de una inmobiliaria. Se destacan un gran número de préstamos hipotecarios, los que, por otra parte se encontrarían en estado de ejecución en la mayoría de los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial de Rosario.
Entre las pruebas recabadas en la causa, se encuentran la publicidad que realizaba la inmobiliaria por diferentes medios, las numerosas declaraciones testimoniales de quienes manifestaron haber contraídos prestamos en esa inmobiliaria y la innumerable cantidad de expedientes localizados en la mayoría de los juzgados de primera instancia de Rosario lo que ratificaría que era habitual el otorgamiento de los préstamos.
Los abogados Micaela Dominguez y Gerardo Bravo, abogados patrocinantes de las víctimas, señalaron que las medidas pedidas por la fiscalía y concedidas por el juez federal Carlos Vera Barros importan pasos agigantados en el avance de la causa ya que fueron concedidas porque se acreditaron pruebas suficientes para su otorgamiento.
De este modo el juzgado interviniente dispuso la prohibición de innovar respecto de los fondos que se obtengan en un eventual remate lo que implica que los mismos queden inmovilizados a la espera de un eventual decomiso.
En suma, la causa que estuvo paralizada durante casi un año parece vislumbrar un nuevo horizonte en manos de la fiscalía federal especializada en delitos complejos, en una maniobra que parece no tener fin, ya que para concretarla, se habrían firmado documentos falsos los que deberían ser investigados por la justicia provincial.
