En sintonía con una reciente medida del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el concejal Federico Lifschitz presentó un proyecto en el Concejo Municipal de Rosario que busca establecer la obligatoriedad de pruebas antidroga para todos los funcionarios políticos de la ciudad. La iniciativa abarca tanto a los integrantes del Ejecutivo municipal como a los del Concejo, y propone que, para asumir cargos públicos, sea condición indispensable contar con un narcotest negativo.
“La propuesta es de sentido común”, señaló Lifschitz en diálogo con VersiónRosario. “A un futbolista se le exige un doping por patear una pelota, pero no le pedimos un narcotest a alguien que toma decisiones que afectan la vida cotidiana de cada rosarino. Es absurdo. Estamos hablando de personas que ejercen una función pública y que deben dar el ejemplo”.
El proyecto contempla que la presentación de un narcotest negativo sea requisito previo al ingreso a cualquier cargo político dentro de la Municipalidad o el Concejo. En caso de que el resultado sea positivo, la persona no podrá asumir funciones. Pero la propuesta va más allá: establece además la realización de controles aleatorios y periódicos durante el ejercicio del cargo, a fin de mantener un monitoreo constante sobre quienes ocupan espacios de poder.
“Lo que planteamos no es una persecución ni un estigma, sino una medida que fortalece la transparencia y la confianza de la ciudadanía. No podemos mirar para otro lado cuando se trata de funcionarios que deciden sobre temas clave como la seguridad, la educación o la infraestructura. La exigencia es parte de un contrato ético con la sociedad”, remarcó el edil.
En caso de que un funcionario en ejercicio arroje un resultado positivo, el proyecto establece que deberá “dar un paso al costado de manera inmediata” y será pasible de sanciones, según el marco legal que se establezca. Aunque no se detallan aún los mecanismos de aplicación ni los órganos de control que intervendrían, Lifschitz adelantó que se buscará trabajar en conjunto con organismos técnicos y profesionales para garantizar un proceso riguroso y transparente.
La iniciativa se da en un contexto de creciente preocupación por el avance del narcotráfico en Rosario y la necesidad de reforzar la ética pública en todos los niveles del Estado. La medida del Ministerio de Seguridad provincial, que obliga a los agentes de las fuerzas de seguridad a someterse a controles antidroga, generó amplio debate y apoyo en distintos sectores políticos y sociales. Ahora, con este proyecto, se busca trasladar esa misma exigencia al plano de los representantes políticos.
“Lo que pedimos no es otra cosa que coherencia. Si exigimos estos controles a quienes portan un arma, también tenemos que exigírselos a quienes tienen en sus manos las herramientas del poder político”, concluyó Lifschitz.
El proyecto será debatido en comisión en los próximos días y ya generó repercusión entre distintos bloques del Concejo. Desde algunos sectores anticipan acompañamiento, mientras que otros piden revisar aspectos legales y constitucionales antes de avanzar.
