El reciente reporte de gestión presentado por Manuel Adorni esta semana ante el Congreso reveló una serie de gastos millonarios, irregulares y -en algunos casos- insólitos de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. Los consumos incluyen desde hoteles de lujo hasta peluquerías y ferreterías, financiados íntegramente con tarjetas corporativas. Tras salir la información a la luz, la Casa Rosada ordenó la baja de esos plásticos y controlará la administración de los recursos estatales.
En febrero de este año, el organismo estatal en cuestión había cambiado su directorio tras la renuncia de Demian Reidel, envuelto precisamente en denuncias por sobreprecios e irregularidades, promoviendo la designación de Juan Martín Campos.
La auditoría detalló extracciones de efectivo por más de $56 millones y compras en tiendas deportivas del exterior por montos muy altos. El documento oficial también identificó pagos en balnearios de Valencia y múltiples reservas mediante la plataforma Airbnb durante el año pasado. Juan Martín Campos, actual titular de la compañía energética, subrayó que ejecutaron los procedimientos correspondientes para recuperar el dinero.
Demian Reidel, exdirector de la entidad, quien renunció por supuestos sobreprecios y otras faltas, salió al cruce de las acusaciones a través de sus redes sociales y remarcó que los resúmenes de tarjeta corporativa “no muestran ningún gasto personal”. “Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa”, señaló, pero no desmintió que los movimientos existieran bajo su mandato en la entidad.
La empresa bajo la mira opera las centrales Atucha I, II y Embalse bajo la supervisión directa del Ministerio de Economía de la Nación. Actualmente, la firma estatal atraviesa un proceso de privatización parcial que contempla la venta del 44% de su paquete accionario. Este escándalo por sobreprecios y licitaciones dudosas acelera la reconfiguración interna que impulsa el Poder Ejecutivo nacional.
En tanto, la Justicia investiga un contrato que sufrió un incremento patrimonial sospechoso de u$s600.000 a u$s7.000.000. Este desfasaje presupuestario provocó la salida de Reidel en febrero, asediado por críticas sindicales y sospechas de manejos de fondos irregulares. El Gobierno intenta ahora separar las funciones operativas de los gastos de representación para evitar nuevos casos de corrupción.
