El Senado se apresta a someter este miércoles a votación la llamada “Ficha Limpia”, un proyecto que impediría postularse a cualquier cargo público a aquellas personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción. La sesión está convocada para las 11:30 y, además de debatir esta iniciativa, los legisladores discutirán la declaración de emergencia en Bahía Blanca, con el fin de destinar fondos extraordinarios tras el fuerte temporal. No se prevé, en cambio, que se trate la cuestión de las dietas parlamentarias.
Para convertir la Ficha Limpia en ley, el oficialismo requiere el respaldo de al menos 37 de los 72 senadores. Hasta ahora, 34 bancas –todas de Unión por la Patria– se han manifestado abiertamente en contra, argumentando que este paquete de normas supone una intromisión del Poder Judicial en la actividad política. Sin embargo, el Gobierno confía en sumar votos de representantes provincialistas, lo que le permitiría alcanzar el quórum necesario. Aun así, corre el rumor de que, detrás de bambalinas, la Casa Rosada no ve a esta legislación como una prioridad urgente.
Entre los pasillos del Congreso se especula con el impacto electoral de aprobar la Ficha Limpia antes de octubre: de prosperar, figuras como Cristina Kirchner quedarían inhabilitadas para encabezar listas nacionales. Esta situación complicaría el discurso de polarización que tanto ha favorecido a La Libertad Avanza, al reducir la posibilidad de confrontar directamente con la expresidenta y obligar al espacio libertario a disputar votos de centro, un electorado que en el balotaje anterior respaldó a Javier Milei pero no forma parte de su base más sólida.
Otro frente de tensión apunta a la legisladora Silvia Lospennato, autora de la iniciativa y aspirante por el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. En la capital, el oficialismo busca frenar el avance de las listas libertarias, y dar luz verde a la Ficha Limpia podría otorgar un impulso simbólico a Lospennato en una contienda donde aspiraciones de voto coinciden en el mismo electorado.
La normativa prohibiría postularse o ejercer cargos públicos a quienes cuenten con condenas firmes en segunda instancia por delitos incluidos en los capítulos relativos a cohecho y tráfico de influencias. En concreto, quedarían fuera de carrera quienes hayan sido hallados culpables de malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito o encubrimiento. También se inhabilitaría el acceso a puestos jerárquicos del Poder Ejecutivo.
El veto de candidaturas operaría desde la confirmación de la sentencia por parte de un tribunal superior, y se mantendría vigente hasta que la condena sea revocada o la pena, cumplida. Para aplicar esta inhabilitación, la confirmación de la condena debe producirse antes de la fecha límite de presentación de padrones provisionales, fijada en 180 días previos a la elección, según el artículo 25 del Código Electoral Nacional.
Hoy rige la Ley 23.298 de Partidos Políticos, que ya establece exclusiones de candidaturas: quedan fuera del padrón quienes sean excluidos por disposiciones legales aplicables. El Código Nacional Electoral, por su parte, prohíbe votar a los condenados por delitos dolosos con pena privativa de la libertad mientras dure la sentencia. Además, vetos especiales alcanzan a personal superior y subalterno de las fuerzas armadas y de seguridad, magistrados, directivos de empresas concesionarias de servicios públicos y a procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad.
