La Cámara alta sancionó una reforma que restringe el margen de acción del Poder Ejecutivo en la utilización de los decretos de necesidad y urgencia. Con una amplia mayoría de votos, la oposición logró imponer un cambio que establece nuevos plazos y condiciones para que estos instrumentos sean validados por el Congreso.
La norma aprobada fija que, una vez emitido un decreto de este tipo, tanto Diputados como Senadores deberán pronunciarse en un plazo de 90 días. Si no hay tratamiento dentro de ese período, la medida no podrá mantenerse en vigencia, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, cuando la falta de rechazo permitía su continuidad automática.
La iniciativa también apunta a evitar decretos que aborden de manera simultánea múltiples aspectos de la vida económica y social, como sucedió con medidas anteriores que incluyeron regulaciones sobre alquileres, obras sociales, contratos laborales y tierras en un mismo texto.
Este avance parlamentario refuerza el protagonismo de la oposición en la Cámara alta, donde en los últimos meses consiguió imponer alrededor de veinte iniciativas que marcaron límites a la gestión del Ejecutivo. Ahora la expectativa está puesta en la Cámara de Diputados, donde la correlación de fuerzas es más ajustada y todavía no está asegurado el acompañamiento para que la reforma se convierta en ley.
