El Gobierno nacional desistió de modificar la Ley de Tierras después de comprobar que no tenía los votos necesarios, pero mantuvo el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el ministro Federico Sturzenegger.
El Senado tenía previsto retomar este jueves, desde las 14, la sesión que había pasado a cuarto intermedio el 16 de julio.
La propuesta conserva reformas sobre expropiaciones, contratos de alquiler, desalojos y uso de predios afectados por incendios. El oficialismo confía en que la eliminación del capítulo más resistido le permita conseguir la media sanción.
Fracasó el intento de ampliar la extranjerización
El texto original proponía eliminar los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Ante el rechazo de bloques opositores y legisladores dialoguistas, el Gobierno ofreció conservar las restricciones, pero aumentar del 15% al 25% el máximo de campos que podrían quedar bajo titularidad extranjera.
La modificación tampoco reunió suficientes apoyos y el oficialismo terminó retirando todo el capítulo.
De esta manera, continuará vigente la Ley 26.737, que fija un límite del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales en los ámbitos nacional, provincial y departamental. También mantiene topes por nacionalidad, superficie y localización de los inmuebles.
Cambios en las expropiaciones
Uno de los capítulos que continúa en discusión modifica los requisitos para que el Estado avance con una expropiación.
El proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva, definir con precisión su finalidad y demostrar que la medida resulta necesaria, adecuada y proporcional.
Para calcular las indemnizaciones se priorizaría el valor de mercado del bien y el daño directo ocasionado. En determinados casos, otras compensaciones tendrían un límite equivalente al 30% del daño emergente, salvo que el propietario demostrara un perjuicio mayor.
Procedimientos más rápidos para desalojar
La iniciativa también introduce modificaciones en los contratos de alquiler destinados a vivienda.
Ante una deuda, el propietario deberá intimar al inquilino y concederle un plazo mínimo de diez días corridos para pagar.
Una vez vencido ese período, o cuando el contrato finalice por otra causa, podrá iniciar una acción de desalojo que deberá tramitar mediante el procedimiento más breve disponible en cada jurisdicción.
Las asociaciones de inquilinos y organizaciones sociales advierten que el cambio reduciría las posibilidades de defensa de familias con dificultades económicas. El oficialismo argumenta que otorgará mayor seguridad jurídica y facilitará la recuperación de los inmuebles.
Qué pasará con las tierras incendiadas
Otro eje controvertido es la reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
El proyecto mantendría la prohibición de modificar el uso de los bosques nativos después de un incendio, pero eliminaría las restricciones de 30 años para desarrollar actividades inmobiliarias o cambiar la explotación productiva en zonas agropecuarias, pastizales, praderas y matorrales quemados.
La normativa vigente fue aprobada para desalentar incendios intencionales destinados a habilitar posteriormente negocios productivos o inmobiliarios. Entre los territorios considerados al momento de su sanción estuvieron las islas del Paraná frente a Rosario.
Protestas en Rosario y otras ciudades
Sindicatos, agrupaciones ambientales, organizaciones sociales, sectores universitarios y organismos de derechos humanos mantuvieron las movilizaciones pese a la retirada del capítulo de tierras.
En Rosario, ATE y la CTA Autónoma convocaron actividades en la plaza San Martín, mientras que la Intersindical Rosario anunció una concentración en la sede de Luz y Fuerza.
Las entidades cuestionan los cambios sobre desalojos, expropiaciones y manejo del fuego, y sostienen que el proyecto debilita instrumentos de protección social, ambiental y territorial.
El Gobierno, en cambio, presenta la iniciativa como una reforma destinada a fortalecer el derecho de propiedad y brindar previsibilidad a propietarios e inversores.
