La Corte Suprema de Justicia difundió en las últimas horas la agenda de audiencias de carácter público que se llevarán a cabo durante el primer semestre del 2022 para discutir sobre la constitucionalidad de distintos temas, entre ellos el cultivo de cannabis medicinal.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti en el primer acuerdo de ministros que se realizó esta semana.
El máximo tribunal reguló por Acordada 30/2007 la realización de las audiencias públicas “con el propósito de elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho”, de acuerdo a lo publicado en el sitio del Centro de Información Judicial. El itinerario contará con cuatro ejes.
Sobre este tema “se tratará el cuestionamiento a la constitucionalidad de la exigencia de someterse a un programa estatal de investigación experimental como condición para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales (exigencia prevista en el artículo 7 de la Ley 27.350 – de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados)”, según side el temario.
Además, “se cuestiona la prohibición del autocultivo para consumo medicinal para menores de edad”.
Derecho al olvido
Tomando en consideración los artículos 14 (en lo que refiere a libertad de expresión) y 19 (intimidad) de la Constitución Nacional, se analizará el pedido de bloqueo de información disponible en Internet, en URLs específicas, que aluden a la privacidad de los recurrentes por hechos del pasado.
Especies en peligro de extinción
También se tratará la “preservación de especies en peligro de extinción y actividad económica – Yaguareté”. Según detalla la agenda, en el marco de lo previsto por el artículo 41 de la Constitución Nacional se plantea la necesidad de resolver un pedido tendiente a la preservación del hábitat de especies en peligro de extinción, junto con la suspensión de la explotación productiva en la zona involucrada.
Corredores inmobiliarios
“Se analizarán los conflictos sistémicos suscitados entre los colegios de corredores y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria, respecto de los alcances de la actividad profesional en cuestión. La profesión de corredor inmobiliario esta regulada tanto por la Nación como por las provincias y, a su vez, los mencionados conflictos afectan a toda la categoría de profesionales. Se suma a ello que ya han recibido soluciones de diferente tenor en distintas jurisdicciones”, explicaron.
Luego agregaron: “Se encuentra, por tanto, en debate, si se trata de una cuestión de jurisdicción nacional o provincial, quedando, a su vez, alcanzado, el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional”.
Además, informaron que las causas específicas que se tratarán y sus fechas de realización “se darán a conocer oportunamente y con la debida antelación”.
