La diputada provincial Lucila De Ponti presentó un proyecto para evitar la privatización de empresas que brindan servicios públicos en Santa Fe, resaltando la importancia de que estas entidades mantengan un carácter de interés provincial. Según De Ponti, las experiencias previas en el país y la provincia, como la privatización de empresas de agua y energía, han demostrado que este modelo no es efectivo para garantizar los derechos de los ciudadanos. “El interés del lucro debe estar por debajo del interés social y de la garantía del derecho a la prestación del servicio”, afirmó la diputada.
Uno de los temas centrales del proyecto es la situación de Aguas Santafesinas S.A. (ASA), cuya existencia jurídica vence en enero de 2026. De Ponti subrayó la necesidad de establecer un nuevo marco normativo que permita a la empresa continuar como la prestadora del servicio, evitando cualquier intento de privatización. En cuanto a la Empresa Provincial de la Energía (EPE), señaló que el escenario de privatización parece más distante, pero no deja de ser un tema que debe seguirse de cerca.
En relación con los conflictos gremiales que han surgido en las empresas públicas, De Ponti consideró inapropiado culpar a los trabajadores por la falta de eficiencia de las mismas. “Es una actitud reprochable usar problemas gremiales o supuestos privilegios como excusa para justificar una privatización”, expresó. Asimismo, enfatizó que cualquier revisión de convenios colectivos de trabajo debe realizarse en el ámbito de las negociaciones paritarias, con la participación de trabajadores, directivos y el gobierno provincial.
Finalmente, De Ponti insistió en que no se deben responsabilizar a los empleados por la falta de cumplimiento de los objetivos empresariales, sino que es fundamental promover acuerdos dentro de un marco de diálogo, sin recurrir a la privatización como solución.
