En una votación que marcó un fuerte respaldo a los reclamos de los gobernadores, la Cámara de Diputados sancionó este miércoles el proyecto que establece la distribución automática del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). A partir de ahora, esos recursos deberán repartirse de acuerdo con los coeficientes de coparticipación, eliminando la discrecionalidad que hasta el momento ejercía el Poder Ejecutivo en el manejo de esa caja millonaria.
El resultado fue de 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones. Aunque el número alcanzado fue contundente, no llegó a los dos tercios necesarios para blindar la norma frente a un eventual veto presidencial, una opción que Javier Milei podría utilizar dado su rechazo a la medida.
La nueva ley establece que la Nación retendrá el 41,2% del fondo, mientras que el 58,8% restante se distribuirá diariamente entre todas las provincias. De esta forma, cada gobernador contará con un flujo constante de ingresos adicionales que antes dependían de la voluntad política del Gobierno central. Según cálculos de las administraciones provinciales, el impacto fiscal equivale apenas al 0,03% del PBI, es decir unos $253.000 millones. “No se trata de un gasto extra, sino de recursos que ya corresponden a las provincias”, remarcaron.
Los mandatarios argumentaron que son las provincias las que deben afrontar emergencias, financiar infraestructura y garantizar servicios básicos, por lo que resulta lógico que los fondos se giren sin intermediación. Este año, el Fondo de ATN rondaría el billón de pesos, una cifra que hasta ahora permanecía en gran medida bajo control de la Casa Rosada.
El respaldo político inicial de los 24 gobernadores se fue resquebrajando tras el cierre de las alianzas electorales nacionales. Varios mandatarios que sellaron acuerdos con La Libertad Avanza, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), ordenaron a sus legisladores rechazar la iniciativa. También se opuso Marcelo Orrego (San Juan), mientras que la diputada chubutense Ana Clara Romero, alineada con Ignacio Torres, optó por abstenerse.
La sanción de la ley cierra un largo reclamo de las provincias, que desde hace años cuestionaban la falta de ejecución del fondo. Los gobernadores señalaban que la Nación retenía recursos que no le son propios y que, al no girarlos, se afectaba la capacidad de respuesta frente a emergencias y necesidades de infraestructura en los distritos. Con esta nueva norma, buscan garantizar un reparto más equitativo y automático que, según destacan, no altera el equilibrio fiscal del país, pero sí asegura previsibilidad financiera para cada jurisdicción.
