En una jornada legislativa cargada de tensión y con el Hospital Garrahan como telón de fondo, la Cámara de Diputados dio media sanción a la declaración de emergencia en pediatría con un amplio respaldo opositor. El proyecto fue aprobado con 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, superando los dos tercios necesarios para avanzar incluso en caso de que el presidente Javier Milei decida vetarlo, como ya anticipó la Casa Rosada.
La medida fue impulsada por bloques opositores como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, mientras que el oficialismo libertario, sus aliados del PRO y un sector del radicalismo votaron en contra. Uno de los datos llamativos fue el respaldo de María Eugenia Vidal, pese a su reciente enfrentamiento con el acuerdo PRO-La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto fue presentado en medio de la crisis que atraviesa el Garrahan, con recursos limitados, salarios deteriorados y conflicto con los residentes. Declara por dos años la emergencia en pediatría a nivel nacional, asigna prioridad presupuestaria a hospitales infantiles y garantiza el funcionamiento continuo de instituciones de alta complejidad como el propio Garrahan. Además, establece mejoras salariales para todo el personal de salud pediátrico —incluidos los residentes—, que no podrán cobrar menos de lo que percibían en términos reales en noviembre de 2023.
También se prevé la exención del impuesto a las Ganancias para quienes realicen tareas críticas, horas extras o guardias, y se asignan fondos especiales para insumos, infraestructura, medicamentos, vacunas y tecnologías médicas.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, llevar las remuneraciones del personal pediátrico a niveles de noviembre pasado representaría un costo fiscal de $65.573 millones para lo que resta del año, y $133.433 millones si se lo proyecta de manera anual. El informe advierte además que actualmente no existen reservas presupuestarias específicas para afrontar emergencias sanitarias de esta magnitud.
Desde el oficialismo, la diputada libertaria Juliana Santillán expresó su rechazo a la iniciativa, argumentando que “carece de sustento técnico, fomenta el gasto descontrolado y legaliza privilegios sectoriales”. El Gobierno ya dejó en claro que vetará la norma si se convierte en ley.
Entre los principales defensores del proyecto se destacó el diputado y médico Facundo Manes, quien señaló que “la salud pública no es solo una cuestión sanitaria, sino una condición clave para el desarrollo económico y humano del país”. En tanto, el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, alertó: “El Garrahan atendió este año a más de 355 mil niños de todo el país. Si ese hospital se cae, no hay plan B”.
Ahora, la iniciativa pasa al Senado, donde el bloque peronista anunció que buscará tratarla a la brevedad. Mientras tanto, el conflicto sanitario continúa abierto y la tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo vuelve a escalar.
