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Detectaron sobreprecios de hasta 4239% en compras de insumos para discapacidad

Un informe del Ministerio de Salud quedó en manos de la Justicia y apunta a presuntas irregularidades en adquisiciones de andadores, sillas de ruedas y prótesis realizadas por la Andis.

El Gobierno nacional detectó presuntas maniobras con sobreprecios millonarios en compras de insumos ortopédicos y elementos de asistencia realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según un informe técnico elaborado por el Ministerio de Salud, algunas adquisiciones registraron diferencias de hasta 4239% respecto de valores de referencia del mercado.

La documentación ya fue incorporada a una investigación judicial que analiza posibles irregularidades en contrataciones vinculadas a sillas de ruedas, andadores, prótesis y otros productos destinados a personas con discapacidad. El expediente se encuentra bajo la órbita del fiscal federal Franco Picardi.

Entre los casos señalados aparece la compra de un andador cuyo precio facturado al Estado superaba en más de 40 veces el valor de mercado de un producto equivalente. También se detectaron diferencias cercanas al 2000% en algunas sillas de ruedas.

El informe fue firmado el 10 de abril por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y, según trascendió, forma parte de una auditoría interna impulsada por el Ministerio de Salud tras detectar inconsistencias en contrataciones realizadas durante 2025. Fuentes oficiales definieron el documento como un “informe de hallazgos preliminares”.

Además de los valores pagados, la auditoría también pone el foco sobre posibles vínculos societarios y familiares entre empresas proveedoras, lo que podría haber afectado la competencia y facilitado un esquema de contrataciones direccionadas.

La investigación se desarrolla en paralelo a nuevas citaciones judiciales a empresarios y personas vinculadas al circuito de compras bajo sospecha. Uno de los nombres mencionados en la causa es el de Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente de Andis durante parte del período analizado.

Desde el Gobierno señalaron que las irregularidades detectadas fueron derivadas por los canales institucionales correspondientes y remarcaron que será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades penales y administrativas.

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