La Justicia federal de Rosario condenó a seis años de prisión al abogado Iván Carlos Méndez, de 53 años, por haber intervenido como nexo entre reclusos vinculados al narcotráfico y las organizaciones que operaban fuera de los penales. La sentencia fue dictada en el marco de un procedimiento abreviado homologado por el juez Carlos Vera Barros.
Además de la pena de cárcel, el fallo incluyó ocho años de inhabilitación para ejercer la abogacía, una multa económica y la declaración de reincidencia. El acuerdo fue impulsado por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad.
Según la acusación, Méndez utilizó su matrícula profesional para ingresar a establecimientos penitenciarios y mantener contacto con detenidos de alto perfil, a quienes ayudaba a sostener actividades delictivas y a administrar bienes y operaciones desde el encierro. La investigación concluyó que actuaba como una pantalla legal para mediar en maniobras vinculadas con venta de propiedades y vehículos, acopio de armas y almacenamiento de droga con fines de comercialización.
Entre los delitos por los que fue condenado figuran asociación ilícita, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad, lavado de activos agravado por haber sido cometido como parte de una banda, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, confabulación para el tráfico de drogas y acopio de piezas y municiones de armas de fuego, todos en concurso real.
La causa también lo vinculó con dos nombres pesados del mapa criminal: Andrés Rodríguez Granthon, condenado por narcotráfico, y Mario Roberto Segovia, conocido como el “Rey de la Efedrina”. De acuerdo con la reconstrucción judicial, la asociación ilícita en la que participó Méndez operó entre fines de enero y mediados de septiembre de 2025, con el objetivo de garantizar que esos reclusos conservaran el control sobre su patrimonio y sus negocios.
Entre los hechos concretos atribuidos al abogado, la Justicia mencionó la triangulación de comunicaciones entre Rodríguez Granthon y su pareja, así como su intervención en operaciones sobre bienes, entre ellas la venta de una casa de Granthon a Ariel Cantero por 15.000 dólares. Como parte de la sentencia, también se ordenó el decomiso de 240.700 pesos en efectivo, dos vehículos y distintos dispositivos electrónicos. A la vez, se dispuso la destrucción de celulares, drogas y armas secuestradas, incluidas piezas de una carabina Anderson AM-15 calibre .223 con numeración suprimida, un cargador de pistola Glock de 9 milímetros y varias cajas de municiones.
