El Gobierno consiguió respaldo político clave para avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares y quedó a un paso de anotarse una victoria en el Congreso, en una votación atravesada por tensiones, apoyos provinciales y fuertes críticas de la oposición.
Con el acompañamiento de bloques aliados y, especialmente, de gobernadores de provincias con actividad minera, el oficialismo logró reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa en la Cámara de Diputados. La reforma fue sancionada con 137 votos afirmativos, frente a 111 negativos y algunas abstenciones, tras un debate que se extendió por varias horas y expuso profundas diferencias políticas.
El proyecto impulsa cambios en la normativa vigente que regula la protección de glaciares y zonas periglaciares. En términos generales, redefine criterios y otorga mayor protagonismo a las provincias en la administración y evaluación de estos territorios, lo que habilitaría el desarrollo de actividades productivas —como la minería— en áreas que hasta ahora estaban restringidas.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta para “dar precisión” a la ley actual y brindar mayor seguridad jurídica, argumentando que la normativa vigente generaba interpretaciones que bloqueaban proyectos incluso en zonas que no correspondían. En ese marco, el Gobierno agradeció públicamente el respaldo de legisladores y mandatarios provinciales que participaron en la elaboración del texto.
El apoyo de los gobernadores fue determinante para inclinar la balanza. En particular, las provincias con perfil minero jugaron un rol activo en la negociación política, al considerar que la reforma abre nuevas oportunidades de inversión y desarrollo económico en sus territorios.
Del otro lado, la oposición cuestionó con dureza la iniciativa. Legisladores de distintos bloques advirtieron que la modificación implica un retroceso en materia ambiental y alertaron sobre el impacto que podría tener en la preservación de reservas estratégicas de agua. También hubo críticas al proceso legislativo y a la falta de consenso en torno a una ley considerada clave para el equilibrio entre producción y cuidado ambiental.
La votación estuvo acompañada por protestas en las inmediaciones del Congreso y un clima de alta confrontación dentro del recinto, con discursos encendidos y acusaciones cruzadas.
Con este resultado, el Gobierno se encamina a capitalizar un nuevo triunfo parlamentario, en un contexto político complejo, y busca consolidar una agenda orientada a incentivar inversiones en sectores estratégicos, aun en medio de fuertes cuestionamientos sociales y ambientales.
