La crisis desatada por la protesta policial frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, en Rosario, empezó a reordenarse con una señal concreta: el gobierno provincial dará marcha atrás con las 20 disponibilidades que se habían dispuesto en las últimas horas contra efectivos señalados por presunto abandono de servicio. La definición se apoya en el giro que admitió el propio ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien reconoció que la prioridad pasó a ser restablecer plenamente el patrullaje y evitar que el conflicto impacte en la seguridad cotidiana.
En conferencia de prensa esta mañana, Cococcioni fue explícito al explicar que las medidas se tomaron por decisión política y que ahora, con un canal de diálogo abierto, el escenario cambió. “Todo lo que fueron a retirar el arma, el chaleco y demás, lo hicieron porque fue la directiva que se bajó desde el ministerio”, afirmó. Pero a renglón seguido marcó el punto de inflexión: “En el marco de una situación que se ha abierto un canal de diálogo, ya le tenemos que pedir al personal que tome su arma y vuelva, porque la prioridad ahora es cuidar a la gente”.
De sanción preventiva a reversión
El ministro recordó que la disponibilidad no es una sentencia, sino una herramienta transitoria: “Es una medida eminentemente provisional… está sujeta a ser levantada o modificada porque es una medida para cautelar el resultado del sumario”, señaló. En esa línea, dejó abierta la puerta para que las 20 medidas queden sin efecto en el corto plazo, aun cuando los sumarios continúen su curso para determinar responsabilidades individuales.
La lectura oficial es doble: el Ejecutivo sostiene que detectó conductas con “apariencia de falta” —y en algunos casos a evaluar si fueron delito—, pero entiende que el conflicto ingresó en otra fase. Con negociación en marcha, la orden política es descomprimir y volver a poner a la fuerza en modo operativo.
“Cuidar a la gente” y recuperar el servicio
Cococcioni vinculó directamente la reversión con el objetivo de normalizar el servicio. “Nosotros vamos a cuidar al personal, el personal policial tiene que cuidar a los ciudadanos, es así funciona”, dijo, en un mensaje que apunta a evitar nuevas escaladas y a recomponer la cadena de mando en una protesta que expuso fracturas internas inéditas.
Aunque el proceso administrativo seguirá abierto, el giro sobre las disponibilidades implica un cambio de tono respecto de la postura inicial, cuando el gobierno había mostrado una respuesta dura y rápida ante la manifestación.
Economía: promesa de paritarias sin “sacar de otros salarios”
En paralelo, el ministro de Economía, Pablo Olivares, buscó contener el efecto dominó que la discusión policial puede generar en el resto de los gremios estatales. También en diálogo con VersiónRosario, garantizó que la priorización coyuntural de la fuerza no implicará recortar otras discusiones.
“Los trabajadores no van a perder con la inflación, eso no va a ser puesto en cuestión”, aseguró, y sostuvo que cualquier refuerzo para Seguridad se buscará “de otros lugares, de otras asignaciones”, sin “sacar recursos” del resto de los salarios provinciales.
Con esa combinación —marcha atrás en las disponibilidades y promesa de sostener el equilibrio paritario— la Casa Gris intenta cerrar la fase más explosiva del conflicto y evitar que Rosario vuelva a quedar, de un día para el otro, con patrulleros frenados, sirenas en la puerta de Jefatura y una interna policial a cielo abierto.
