En medio de un cuadro crítico para la industria textil, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a apuntar contra el esquema de protección estatal que históricamente tuvo el sector y lanzó una frase que encendió la polémica: “Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo”. Lo dijo en una entrevista radial, al plantear que durante años la ropa y el calzado se pagaron a valores muy superiores a los internacionales, con un costo que —según su visión— terminó trasladándose a la mayoría de la población.
El funcionario sostuvo que el textil es “un caso emblemático” de una actividad que fue resguardada durante mucho tiempo y cuestionó que, mientras se invoca el argumento del empleo, el resto de los consumidores termina financiando precios distorsionados. En la misma línea, remarcó que quienes realmente capturaron el beneficio de ese esquema no fueron los trabajadores, sino los dueños de las compañías, y aseguró que la apertura obliga ahora a competir con otra lógica: diseño, eficiencia y valor agregado.
Las declaraciones se dieron mientras distintos informes sectoriales describen un deterioro profundo de la actividad, con retrocesos de producción, más capacidad ociosa y pérdida de puestos registrados. El diagnóstico que circula en el mercado es que el consumo no desapareció, pero que una porción creciente de la demanda se está cubriendo con importados, en un contexto donde muchas empresas locales operan con márgenes ajustados o directamente negativos.
Con ese telón de fondo, la frase del ministro funcionó como síntesis —y provocación— de una discusión que viene escalando: qué lugar debe ocupar la industria textil en el nuevo esquema económico, cómo se reconstruye competitividad sin trasladar el ajuste a salarios y empleo, y quién paga el costo de la transición mientras el sector intenta reacomodarse.
