El costo de la recolección diferencial de residuos volvió al centro del debate en Rosario ante los reclamos de bares, restaurantes, panaderías y heladerías que consideran que el sistema vigente representa una carga cada vez más difícil de afrontar.
Los establecimientos gastronómicos de más de 85 metros cuadrados deben contratar una prestación especial, cuyos valores mensuales oscilan entre 250.000 y 750.000 pesos. En algunos casos, la cifra puede ser superior según la cantidad de retiros requeridos.
El planteo se produce en un escenario de caída del consumo, reducción de la rentabilidad, cierres de locales y fuerte rotación comercial en zonas tradicionalmente gastronómicas.
Un criterio basado en la superficie
La concejala Anahí Schibelbein presentó un proyecto para reabrir la discusión y facilitar que los comerciantes conozcan los mecanismos disponibles para pedir una excepción.
La normativa utiliza como parámetro principal la superficie del establecimiento. Sin embargo, el proyecto advierte que la cantidad de metros cuadrados no siempre guarda relación con el volumen o las características de los residuos generados.
Un restaurante, una panadería y una heladería de dimensiones similares pueden producir cantidades y tipos de desechos muy diferentes, pese a quedar alcanzados por las mismas exigencias.
El requisito para los locales de más de 85 metros cuadrados surge del Decreto Reglamentario N.º 2.921 de 2018. A su vez, la Ordenanza N.º 8.084 de 2006 contempla la categoría de grandes generadores o generadores especiales, definida también por la cantidad, calidad y condiciones de los residuos.
Quejas por los precios y la falta de competencia
La iniciativa fue elaborada después de un sondeo entre empresarios gastronómicos de distintos rubros.
Los comerciantes manifestaron una fuerte disconformidad con el precio y aseguraron que el monto cobrado no siempre resulta proporcional al servicio recibido.
También señalaron que existe poca competencia entre las empresas habilitadas, lo que reduce las posibilidades de encontrar alternativas más económicas.
Otro cuestionamiento está relacionado con la rigidez del esquema. Los establecimientos consideran que el sistema no contempla adecuadamente la actividad de cada negocio ni las variaciones en la generación de residuos.
Una excepción que ya existe, pero pocos conocen
El proyecto no propone eliminar la recolección diferencial ni crear un beneficio nuevo.
Su objetivo central es obligar a que, durante el trámite de habilitación, los comerciantes sean informados de que pueden pedir al municipio una evaluación particular.
La administración local ya tiene facultades para exceptuar a determinados establecimientos cuando la cantidad o las características de los residuos no justifican la contratación del servicio especial.
Según Schibelbein, esa posibilidad no se comunica de manera suficiente y muchos empresarios terminan afrontando el costo sin saber que pueden solicitar una revisión.
La discusión continuará en el Concejo Municipal, donde deberán analizarse tanto el impacto económico sobre los comercios como la necesidad de garantizar una gestión adecuada de los residuos gastronómicos.
