La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevó adelante este miércoles por la mañana un operativo judicial en pleno corazón de Rosario. El procedimiento se realizó en un edificio de calle Santa Fe al 800, a pocos metros de la plaza 25 de Mayo, y responde a una investigación de la Justicia Federal vinculada al narcotráfico.
El caso tiene como eje el alquiler y subalquiler de departamentos que eran utilizados por personas ligadas a organizaciones criminales. En la causa figura como principal imputada Andrea Ortigala, acusada en abril pasado por encubrimiento, aunque permanece en libertad. Ella es hermana de Mariana Ortigala, actualmente detenida y señalada como testaferro de la banda de Los Monos.
La investigación está en manos del fiscal Franco Benetti, con el apoyo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Según las pesquisas, Andrea habría facilitado al menos cinco propiedades en Rosario, Roldán y Granadero Baigorria a un narco prófugo, pese a conocer su situación judicial.
El trasfondo: un narco en Puerto Norte
El caso salió a la luz tras la detención de Maximiliano Ortigoza, de 37 años, quien fue capturado el 1º de octubre pasado cuando salía de un departamento del complejo Metra Puerto Norte. Allí los investigadores descubrieron que funcionaba una cocina de estiramiento de cocaína.
Ortigoza llevaba más de dos años evadiendo la justicia en una causa radicada en Córdoba. Por esa razón, los fiscales Benetti y Santiago Alberdi indagaron cómo había logrado mantenerse en la clandestinidad. La pista los condujo a Andrea Ortigala, señalada como la persona que le subalquilaba distintos inmuebles para resguardarse y continuar con sus actividades ilícitas.
El propio Benetti resumió la acusación: “No solo permitió que esa persona se mantuviera prófuga, sino que le dio cobertura para seguir delinquiendo. Tenemos pruebas de que conocía su situación y aun así le facilitó viviendas durante un año y medio, obteniendo un beneficio económico”.
El operativo
El allanamiento de este miércoles se concentró en el domicilio de una mujer sospechada de ser socia de Ortigala. Si bien no se produjeron detenciones, los agentes secuestraron teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.
En paralelo, Ortigoza y su pareja, Keila Jazmín Santos Lenz, ya fueron condenados en juicios abreviados: él recibió una pena de cuatro años y medio de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y encubrimiento, mientras que ella fue sentenciada a tres años de prisión condicional.
La investigación ahora busca establecer la red de vínculos y apoyos que le permitieron a Ortigoza mantenerse oculto durante tanto tiempo y operar con libertad en la región.
