El mercado de trabajo en Argentina atraviesa una crisis estructural que empuja a cada vez más personas hacia la informalidad. Según advirtió Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la falta de empleo registrado derivó en un preocupante aumento de las changas y el cuentapropismo precario.
Para el especialista, la cifra oficial de desempleo no refleja la realidad de la calle. “La desocupación no es del 6%. Si sumás las changas de distinta naturaleza, el desempleo real en Argentina se acerca al 28% o 30%”, aseguró Salvia en declaraciones a Infobae.
El informe de la UCA destaca que el trabajo independiente ya no es una opción de crecimiento para la mayoría, sino una vía de escape frente al desempleo. Si bien existe un sector calificado que elige la autonomía, la masa del cuentapropismo actual se concentra en servicios personales, venta ambulante y tareas eventuales de bajos ingresos.
En ese sentido, Salvia aclaró que los repartidores de plataformas digitales representan solo el 6% o 7% del empleo informal, mientras que el universo de los trabajadores que viven de changas y del comercio callejero escala a casi un 30% de la fuerza de trabajo.
“Hoy el ascenso social quedó limitado a profesionales y personal altamente calificado, mientras que la pequeña y mediana empresa dejó de ser un motor de generación de empleo de calidad”, concluyó el director del Observatorio, alertando sobre un mercado laboral cada vez más fragmentado y desigual.
La radiografía del mercado laboral que trazó la UCA muestra un escenario de extrema fragilidad social:
– Se destruyeron cerca de 1 millón de empleos registrados en la última década (la mitad de esa caída ocurrió en los últimos tres años).
– El 29% de las personas que pierden su trabajo formal se vuelcan de inmediato al autoempleo o a las changas para subsistir.
– Solo el 30% de la fuerza laboral se desempeña en sectores de alta productividad, mientras que el 70% restante quedó atrapado en la subproductividad.
– Crece la toma de créditos de familias y trabajadores informales (como repartidores que deben hasta $900.000 para mantener sus vehículos) bajo una expectativa de reactivación que no se concretó.
