La detención de un cuidacoches acusado de atacar a una taxista en barrio Pichincha volvió a poner en agenda la discusión sobre la actividad en Rosario. El episodio ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando la conductora denunció que un hombre le arrojó una piedra y dañó la luneta de su vehículo.
Según fuentes policiales, el hecho se registró en inmediaciones de Alvear y Brown. Tras el llamado al 911, agentes de la Brigada Motorizada desplegaron un operativo en la zona y, con la descripción aportada por la víctima —quien indicó que el agresor llevaba una gorra de Boca—, lograron interceptar a un sospechoso a unas cinco cuadras, en avenida Estanislao López y Moreno. El detenido fue identificado como Alexis C., de 46 años.
El procedimiento se produjo horas antes de que el intendente Pablo Javkin volviera a pronunciarse sobre la problemática de los cuidacoches y reclamara cambios normativos para endurecer las sanciones.
“No es una cuestión social”
A partir del incidente, el jefe del Palacio de los Leones insistió en la necesidad de prohibir la actividad y cuestionó el encuadre actual de las intervenciones. “Acá no estamos hablando de nada social, estamos hablando de gente violenta”, afirmó.
Javkin sostuvo que la Municipalidad ya cuenta con herramientas para sancionar la extorsión, pero consideró que resultan insuficientes frente a situaciones de agresión. “Cuando actúa la Policía u organismo de control tiene que haber un abordaje penal”, planteó.
En esa línea, pidió que la Legislatura provincial avance con los proyectos enviados para reforzar el marco legal. “Espero que eso nos permita intervenir de manera más efectiva”, agregó.
Reclamo por sanciones más severas
El intendente también cuestionó los límites del Código de Faltas santafesino y advirtió que las herramientas actuales no alcanzan para frenar reincidencias. Según explicó, la reciente modificación del artículo 10 bis de la ley 7.395 permite demorar a una persona solo hasta tres veces, lo que —a su entender— reduce el impacto disuasivo.
“Necesitamos una figura penal que funcione como represalia legal. De lo contrario, es solo una toma de datos y todo sigue igual”, concluyó.
El episodio en Pichincha volvió así a tensar el debate sobre la regulación o prohibición de los cuidacoches en Rosario, un tema que enfrenta posturas políticas y reclamos vecinales desde hace años.
