El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la lupa de la Justicia más cerca. Este lunes el juez Ariel Lijo solicitó al Grupo Datco; a National Shipping S.A. y a la empresa Foggia, que presenten todas las facturas y documentación relacionada con la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del ex vocero presidencial.
Las nuevas averiguaciones, que se llevan adelante simultáneamente con la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, buscan determinar si la mujer del funcionario fue favorecida por el Gobierno a través de contratos irregulares.
En este contexto, fue de vital importancia recabar toda la información vinculada a la facturación y la relación comercial que tienen esas tres firmas con Angeletti, para conocer si existió algún direccionamiento que la haya beneficiado económicamente, debido a que muchas de ellas están relacionadas con diversas entidades del Estado Nacional.
El Grupo Datco es una empresa que provee servicios tecnológicos a diversos organismos públicos supervisados o vinculados a la Jefatura de Gabinete, como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, entre otras.
Por su parte, la sociedad anónima National Shipping es una firma naviera dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos, considerada una de las principales proveedoras de la petrolera estatal YPF, empresa estatal de la cual Adorni es director titular.
En tanto, Foggia Group es una empresa dirigida por Mara Gorini, conocida también por ser una colaboradora muy cercana de la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Está vinculada a la concesión de Tecnópolis y fue la responsable de haber organizado todos los shows libertarios donde actuó el presidente Javier Milei, tanto en el Luna Park como en el Movistar Arena e, inclusive, los encuentros de La Derecha Fest.
La denuncia de la diputada nacional ex libertaria, Marcela Pagano, fue la que dio inicio a esta investigación que busca determinar el origen de los vínculos de Angeletti con las empresas que también tienen contrataciones con organismos estatales. En el texto judicial se habla de un presunto esquema de relaciones comerciales que configuraría un posible esquema de retorno de fondos públicos.
