La Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez notificó al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, que evalúa aplicar cortes programados en 33 barrios populares debido al consumo clandestino y a una deuda de $6.000 millones con la Empresa Provincial de la Energía (EPE). En la carta documento aseguran que el 42% de la energía adquirida es hurtada en sectores donde viven 8.200 familias, y reclaman intervención estatal.
La entidad también cuestionó que la tarifa social aplicada por la EPE en los barrios populares de Rosario no esté disponible en Villa Gobernador Gálvez, lo que —afirman— profundiza la crisis financiera.Desde el gobierno provincial dijeron que la situación “se está estudiando”, pero descartaron una respuesta formal y remarcaron que todas las cooperativas de la provincia, salvo ésta, están al día, por lo que condonar la deuda sería “injusto”. En la Casa Gris apuntan a una “escasa voluntad de cobro”.
El conflicto preocupa por su impacto social en la previa del verano y porque un eventual corte podría derivar en protestas. En paralelo, el intendente Alberto Ricci rechazó la posibilidad de que la cooperativa entregue el servicio a la EPE. La disputa sigue abierta y no tiene resolución inmediata.
