Al llegar al edificio en la mañana del segundo día del ciclo lectivo 2026, el personal docente se encontró con un escenario de deterioro generalizado. Los intrusos arrancaron cables del tendido eléctrico y de la conexión a internet, provocando la interrupción total de los servicios. Además, se registraron roturas en sanitarios y otros sectores internos.
Aunque los objetos sustraídos fueron de escaso valor económico —entre ellos elementos de grifería—, el mayor perjuicio se concentró en los destrozos ocasionados dentro del inmueble. La magnitud de los daños impidió el dictado normal de clases tanto en el turno mañana como en el turno tarde.
Ante esta situación, directivos, docentes y asistentes escolares trabajaron en la limpieza y reacondicionamiento de las instalaciones mientras se evaluaba la reposición del suministro eléctrico. La comunidad educativa expresó preocupación por el impacto del ataque en una institución con fuerte arraigo barrial.
La suspensión afectó a unos 400 estudiantes que debían retomar sus actividades en el inicio formal del calendario escolar. Desde la conducción del establecimiento manifestaron la intención de normalizar el funcionamiento lo antes posible para garantizar la continuidad pedagógica.
El hecho vuelve a poner en agenda la problemática de la seguridad en edificios escolares y el impacto que este tipo de episodios tiene sobre el derecho a la educación.
