Este miércoles, la comunidad universitaria nacional encabezará una movilización al Congreso de la Nación para presentar un nuevo proyecto de ley de financiamiento para el sistema público de educación superior. La iniciativa, respaldada por rectores, docentes, no docentes y estudiantes nucleados en la Federación Universitaria Argentina (FUA), busca establecer un marco legal que asegure recursos adecuados, previsibles y actualizables para las universidades.
Entre los principales impulsores se encuentra el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, quien semanas atrás anticipó la presentación del proyecto y advirtió sobre la crítica situación que atraviesan las casas de estudio. “Hay un desfase de más del 100% entre la inflación acumulada desde noviembre de 2023 y los incrementos que recibió el sistema universitario en ese período”, explicó.
La situación se agrava cuando se analiza el aspecto salarial. “El 80% de los trabajadores docentes y no docentes cobran por debajo de la línea de pobreza”, sostuvo Bartolacci. Según detalló, un docente que recién inicia su carrera apenas supera los $150.000, mientras que un profesor titular con más de dos décadas de antigüedad y formación de posgrado cobra entre $300.000 y $350.000 mensuales.
La concentración frente al Congreso contará con delegaciones de estudiantes de todo el país, representantes gremiales y organizaciones del movimiento estudiantil. Además, se realizará una transmisión en vivo a través de streaming para permitir que toda la comunidad universitaria acompañe el debate parlamentario.
El presidente de la FUA, Joaquín Carvalho, oriundo de Rosario, remarcó que el objetivo es pasar de la protesta a la propuesta. “En este contexto de emergencia, necesitamos respuestas estructurales. Esta ley no solo defiende lo conquistado, sino que proyecta un sistema universitario sostenible y alineado con las necesidades del país”, afirmó.
El proyecto propone la implementación de un mecanismo de asignación automática de fondos, denominado “Proporción Universitaria”, que garantizaría una distribución estable y proporcional de recursos. También establece que el Estado nacional deberá destinar al menos el 1% del PBI al sistema universitario a partir de 2026, con una meta de alcanzar el 1,5% para 2031.
Otro de los puntos centrales es la convocatoria obligatoria a negociaciones salariales cada tres meses, con actualizaciones mensuales nunca inferiores a la inflación. Además, se plantea una recomposición inmediata desde diciembre de 2023, incluyendo la incorporación de sumas no remunerativas al salario básico.
La iniciativa contempla también la creación de un Fondo para Carreras Estratégicas, con un presupuesto inicial de $10.000 millones ajustado por inflación, destinado al desarrollo de áreas clave como inteligencia artificial, tecnología y salud. Asimismo, se prevé una ampliación del sistema de becas, con criterios de admisión revisados para fomentar una mayor equidad e inclusión.
Con esta propuesta, el sistema universitario público argentino busca obtener las herramientas necesarias para garantizar su funcionamiento y proyectar un futuro académico sólido, inclusivo y con calidad. La expectativa ahora está puesta en la recepción que tendrá el proyecto en el Congreso y en la voluntad política para avanzar en su aprobación.
