En una jornada cargada de tensiones políticas, el Senado de la Nación aprobó una serie de proyectos impulsados por bloques opositores que incluyen mejoras en las jubilaciones, la continuidad de la moratoria previsional, la declaración de emergencia en discapacidad y en Bahía Blanca, así como modificaciones en la distribución de los fondos del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles. Todas estas medidas, resistidas por el Gobierno, lograron ser convertidas en ley pese al anuncio presidencial de posibles vetos.
La sesión fue convocada por legisladores opositores y se inició pasadas las 14 del jueves 10 de julio, con la presencia de 42 senadores en el recinto. La vicepresidenta del cuerpo, Silvia Sapag, fue quien habilitó formalmente el debate, pero poco después la titular del Senado, Victoria Villarruel, tomó el mando de la conducción. Pese a intentos del oficialismo por frenar la sesión —incluido un apagón del sistema electrónico de votación—, la Cámara Alta avanzó en el tratamiento de los temas propuestos.
Uno de los puntos centrales fue el incremento del 7,2% en los haberes jubilatorios y la actualización del bono previsional de 70.000 a 110.000 pesos. Esta medida fue votada por unanimidad, con 52 adhesiones y cuatro abstenciones, entre ellas de senadores de La Libertad Avanza y el PRO, que se retiraron del recinto al considerar ilegítima la convocatoria.
También fue aprobada la prórroga de la moratoria previsional por dos años más, y la ley que declara la emergencia en discapacidad a nivel nacional. Este último punto despertó un emotivo discurso del senador Luis Juez, quien compartió su experiencia personal como padre de una hija con discapacidad y reclamó una mayor visibilidad para ese colectivo. “Nuestros hijos no son un número. No son una contabilidad”, expresó.
Otro de los bloques temáticos que generó amplio respaldo fue el vinculado a los reclamos provinciales. Se sancionaron modificaciones en la normativa que regula el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional, y en el esquema de distribución del impuesto a los combustibles líquidos, con el objetivo de recomponer parte de los recursos perdidos por las provincias tras el ajuste fiscal de los primeros meses de gestión libertaria. Ambos proyectos contaron con el apoyo de 55 senadores, con solo un voto en contra.
Durante el debate, los senadores Alejandra Vigo y Martín Lousteau defendieron la necesidad de redistribuir los fondos que administra la Nación. “Las provincias son quienes sostienen la salud, la educación y la justicia en el territorio. Sin recursos, todo se resiente”, argumentó Vigo. Lousteau, en tanto, remarcó: “La Nación recauda, pero no gasta esos fondos. Son de las provincias”.
El temario también incluyó un rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en Bahía Blanca, sancionada tras el temporal que afectó gravemente a esa ciudad. Además, se debatió una declaración sobre la decisión judicial de EE.UU. en la causa por la expropiación de YPF, lo que abrió un nuevo cruce sobre el rol del Estado en empresas estratégicas.
La sesión reflejó la creciente distancia entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. En la antesala del debate, desde el Gobierno se insistió en que cualquier iniciativa que comprometa el equilibrio fiscal será vetada. Sin embargo, la oposición —con alianzas que atravesaron bloques— logró avanzar con una agenda legislativa que desafía abiertamente esa postura.
