Una mujer de 36 años fue rescatada en Rosario tras haber pasado más de la mitad de su vida en condiciones de servidumbre. Había llegado desde Corrientes siendo adolescente y fue sometida durante 22 años a trabajos domésticos sin remuneración, bajo control permanente y sin acceso a educación ni a un proyecto de vida autónomo.
El caso salió a la luz a partir de la intervención de un hospital público de la ciudad, donde la víctima acudió a una consulta clínica. El relato de su situación motivó que profesionales de la salud mental del mismo centro elaboraran un informe detallado que posteriormente fue remitido a la Fiscalía Federal, con el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. Esa comunicación fue el puntapié para desplegar un operativo judicial que derivó en allanamientos en Rosario y Pueblo Esther, con la detención de uno de los presuntos responsables, un hombre de 66 años, y la investigación sobre otras dos personas vinculadas al caso.
“Nosotros tomamos conocimiento de estos hechos a partir de una comunicación con un sector de salud pública de la ciudad de Rosario, un hospital que recibe a esta mujer a una consulta clínica. Después, a partir del relato de los hechos, fue interviniendo también el área de psicología del hospital. Tuvieron algunas entrevistas con ella y el hospital, después de esta primera comunicación, realizó un informe pormenorizado de los hechos que había relatado la víctima y a partir de ello nos comunicamos con la Fiscalía Federal y comenzamos a trabajar interinstitucionalmente junto con la Secretaría de Derechos Humanos para tratar de realizar un abordaje lo menos revictimizante posible”, explicó a Versión Rosario María Laura Pasquero, responsable del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito de la Defensoría del Pueblo.
Pasquero remarcó que este tipo de delitos, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y se extienden durante años, requieren un acompañamiento permanente del Estado incluso después de las medidas judiciales iniciales. Señaló además el profundo daño psicológico que genera la explotación sostenida, que se traduce en la incertidumbre de no saber cómo reconstruir la vida tras la liberación. “Ella conoce ese estilo de vida. Más allá de que vamos a tratar de acompañarla desde las instituciones, lo importante es que pueda tener la posibilidad de conocer otro modo de vida. Y también visibilizar situaciones de explotación sexual o laboral, reducción a la servidumbre, y no tener miedo de hablar y asesorarse. Existe la línea gratuita 145, que funciona las 24 horas, y también la Defensoría del Pueblo, que atiende de manera confidencial”, agregó.
La investigación judicial sigue en curso bajo la figura de trata de personas con fines de explotación laboral, delito que prevé hasta 15 años de prisión. El caso expone la magnitud de un flagelo que muchas veces permanece invisible y subraya la importancia de los mecanismos de detección temprana en ámbitos como el sistema de salud, donde un relato pudo abrir la puerta a la libertad después de más de dos décadas de esclavitud.
