En medio de la discusión crónica sobre las apps de movilidad que operan sin habilitación municipal, el concejal socialista Federico Lifschitz presentó un proyecto para suspender durante dos años la aplicación de multas y penalidades previstas en el Código de Convivencia contra conductores que trabajen con Uber o DiDi en Rosario.
La iniciativa apunta, en los hechos, a que el Estado local deje de sancionar a quienes prestan ese servicio mediante plataformas no registradas. “Pedimos suspender por dos años todas las penalidades previstas por el Código de Convivencia municipal para que el Estado no sancione a ningún conductor de Uber o Didi”, planteó el edil al fundamentar la propuesta.
El argumento: “alternativa” ante la crisis del transporte
Lifschitz enmarcó el proyecto en la situación del sistema de movilidad de la ciudad. Sostuvo que estas aplicaciones funcionan como una respuesta práctica para miles de usuarios y las definió como una alternativa frente al “déficit” y al “mal servicio” del transporte público rosarino.
La presentación reaviva un debate que atraviesa gestiones y ordenanzas: por un lado, el municipio mantiene que Uber y DiDi no cuentan con el marco local que regula el transporte de pasajeros; por el otro, el uso se expandió y se volvió parte de la rutina urbana, con choferes que operan pese al riesgo de sanciones.
Qué cambia si avanza el proyecto
Si prospera en el Concejo, la iniciativa implicaría que, durante el plazo fijado, no se apliquen sanciones a conductores por el solo hecho de trabajar con estas apps, bajo el paraguas de una suspensión temporal del régimen punitivo vigente para ese tipo de actividad.
