La crisis en la industria santafesina volvió a quedar en evidencia con los conflictos que atraviesan tres compañías emblemáticas de la provincia. Acindar, Basali y Celulosa enfrentan escenarios distintos pero igualmente críticos, lo que llevó al Ministerio de Trabajo a intervenir para evitar que la situación se agrave y genere un impacto mayor en el empleo.
El caso de Acindar es el más prolongado. La siderúrgica viene operando desde 2024 con apenas el 50% de su capacidad instalada. Según explicó el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, este freno está directamente vinculado a la parálisis de la obra pública nacional y a la fuerte desaceleración en el sector de la construcción privada. “Se esperaba que este año hubiera un repunte, pero las proyecciones indican que cerrará igual o peor que el año pasado”, advirtió. La empresa, que tiene peso a nivel nacional, mantiene a gran parte de su personal inactivo y enfrenta un horizonte cargado de incertidumbre.
Por su parte, Basali, fabricante de carrocerías para colectivos, inició recientemente un proceso de negociación con sus trabajadores por problemas en el pago de sueldos. Los empleados reclaman una recomposición salarial, mientras la compañía sostiene que no puede cumplir con los montos exigidos debido a la caída de la actividad. “Estamos interviniendo a través de audiencias de conciliación. La próxima será este viernes en Rosario”, confirmó Báscolo, quien busca acercar posiciones para evitar medidas de fuerza que paralicen aún más la producción.
En el caso de Celulosa, el panorama es todavía más delicado. La firma lleva más de 40 días sin actividad por falta de insumos, lo que derivó en el rechazo de cheques y en el incumplimiento de obligaciones financieras. Aunque logró abonar los salarios de julio en los primeros días de agosto, persisten las dudas sobre si podrá pagar en tiempo y forma los sueldos de agosto a comienzos de septiembre. “La empresa está en una búsqueda activa de un socio que aporte capital de trabajo para reactivar la producción, pero hasta ahora no lograron cerrar ningún acuerdo”, detalló el ministro.
El Gobierno provincial sigue de cerca los tres casos, consciente de que se trata de compañías con fuerte impacto en el entramado productivo y social de Santa Fe. Mientras tanto, las negociaciones continúan, aunque con un denominador común: la necesidad urgente de financiamiento y de un repunte económico que permita sostener la actividad y preservar los puestos de trabajo.