Tras el escándalo por los presuntos hechos de corrupción por parte de funcionarios del gobierno Nacional y en paralelo al rechazo al veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Gobierno nacional, la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) pidió suspender auditorías de pensiones y que se vuelvan a otorgar hasta tanto se revuelva el caso de las coimas investigadas en el área.
Julieta Cola, quien forma parte de Apridis, exigió “la continuidad” de los pagos por las prestaciones brindadas hasta la fecha, “la recomposición” de pensiones suspendidas por “considerarse vital” para el bienestar y calidad de vida de las personas y la “suspensión de auditorías hasta tanto se restablezca un orden en la organización de las políticas públicas de nuestro país”, planteó.
En un comunicado, la entidad provincial dijo taxativamente: “Ante los hechos ocurridos durante las últimas horas solicitamos a los representantes de los distintos organismos del sector de discapacidad la plena transparencia de sus acciones, en pos de garantizar los recursos y garantías constitucionales que promuevan la defensa de los derechos de los ciudadanos con discapacidad, sus familias y trabajadores del sector”.
Para Apridis, la emergencia en discapacidad “es un pedido justo y legítimo. Así como venimos trabajando desde hace tiempo por su aprobación e implementación, hoy nuestro reclamo se enmarca en reconocer que el camino que hemos recorrido ha sido coherente y digno de ser merecido”.
“Por los niños y niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, sus familias y trabajadores la ley de emergencia en discapacidad es y debe ser la construcción política que el pueblo Argentino se merece”, completó el comunicado de la entidad que nuclea a las instituciones para personas con discapacidad en Santa Fe.
