En los próximos días será enviado a la legislatura santafesina, un proyecto de ley para crear la “Oficina de Protección Inmediata” (OPI) que tendrá como objetivo salvaguardar la integridad física de jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial ante casos de amenazas o balaceras por parte de delincuentes imputados y/o condenados. En el último tiempo, establecimientos ligados a la Justicia vienen siendo objetivos de reiterados ataques.
La iniciativa también incluirá la protección a periodistas y trabajadores de prensa que cubran o investiguen hechos relacionados a delitos graves. Funcionará dentro del ámbito de la Corte Suprema de la provincia.
“Es innegable que en los últimos años estamos sufriendo la consolidación de una criminalidad más compleja y organizada a lo largo y ancho del territorio provincial. Balaceras contra propiedades privadas y públicas, amenazas telefónicas y hasta de manera personal, como lo hemos visto días pasados en una audiencia imputativa contra personas vinculadas al narcotráfico en Rosario. Jueces, Fiscales, funcionarios y empleados del Poder Judicial se ven constantemente intimidados por delincuentes que están fuera y también dentro de las cárceles”, comentó el diputado del Frente Renovador, Oscar Martínez, e impulsor de la medida.
En ese sentido, expresó: “Proponemos la creación en el ámbito de la Corte Suprema de la Oficina de Protección Inmediata -OPI- que tendrá a su cargo no solo el diseño de las políticas generales para la protección de estas personas, sino que elaborará un Protocolo de Actuación, reglas, manuales y recomendaciones que tengan como propósito generar condiciones de seguridad, libertad e independencia, que junto a otras medidas garantizarán el pleno ejercicio de la función judicial libre de cualquier presión”.
“La protección también se extenderá a periodistas, camarógrafos, fotógrafos, productores y trabajadores de medios de comunicación que se vean expuestos a riesgos en ejercicio de sus funciones de informar en el ámbito de la administración de justicia penal y cuyas investigaciones puedan ser objeto de amedrentamiento y amenazas directas o indirectas”, concluyó.
