El oficialismo abrió una etapa de “reparación” política con el PRO después del cortocircuito que desató la designación de tres auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN), votada en Diputados durante la madrugada del 18 de diciembre. En el partido de Mauricio Macri interpretaron esa jugada como una ruptura de acuerdos previos y decidieron llevar el caso a la Justicia, mientras desde la Casa Rosada buscan evitar que la tensión ponga en riesgo futuras votaciones clave.
Con la firma de Cristian Ritondo, jefe del bloque amarillo, los diputados del PRO presentaron un amparo para frenar los nombramientos y cuestionaron la resolución mediante la cual fueron designados Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (kirchnerismo) y Cinthia Pamela Calletti, vinculada al gobernador salteño Gustavo Sáenz. En el macrismo sostenían que el lugar que finalmente no obtuvieron estaba encaminado para Jorge Triaca y, por eso, encuadran el conflicto como una disputa esencialmente política.
El reclamo formal se apoyó en dos ejes: por un lado, sostienen que el tema no estaba incluido en el temario habilitado para sesiones extraordinarias; por el otro, objetaron la forma del trámite parlamentario, al señalar que se votó cerca de las tres de la mañana, sin dictamen previo y sin debate, en un contexto que calificaron como carente de publicidad y transparencia.
En paralelo, el Gobierno activó un dispositivo de contención con un interlocutor de peso y doble pertenencia: Diego Santilli. El ministro del Interior —histórico dirigente del PRO— se mostró públicamente agradecido con su bloque por el acompañamiento legislativo y buscó bajar la temperatura del conflicto. En esa línea, remarcó que la disputa por los auditores es una atribución del Congreso y que será la Justicia la que determine si hubo o no irregularidades.
La estrategia oficial apunta a que la pelea no contagie el resto de la agenda. En particular, la Casa Rosada necesita sostener una mayoría de hecho con fuerzas dialoguistas para avanzar con el Presupuesto y otras reformas. Santilli insistió en que el equilibrio fiscal es el objetivo central del Ejecutivo y defendió que la aprobación de un presupuesto permitiría dar previsibilidad después de varios años sin esa herramienta sancionada por el Congreso.
También se refirió a la reforma laboral y a la decisión de postergar su debate en el Senado. Según explicó, la demora se relaciona con la gran cantidad de pedidos de audiencia y con la idea de trabajar durante enero en comisión para llegar con un dictamen listo a febrero. En ese marco, negó que la postergación esté atada a conflictos internos o a presiones por movilizaciones.
