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Tras la lluvia y con el Senado debatiendo, se espera una gran marcha al Monumento

El proyecto oficialista que se trata incluye capítulos con fuerte impacto para inquilinos y medio ambiente. La concentración se realiza en la plaza San Martín y luego partirá hacia el parque nacional a la bandera.

Rosario atraviesa una jornada de fuerte movilización popular hacia el Monumento a la Bandera bajo la consigna “La Patria no se vende”. La convocatoria coincide con el debate en el Senado de la Nación sobre el polémico proyecto de ley fogoneado por el ministro desregulador Federico Sturzenegger, iniciativa con la que el oficialismo busca obtener la media sanción en la Cámara alta. El texto que inpulsa el Gobierno nacional mantiene modificaciones de normas con impacto negativo sobre inquilinos, medio ambiente y el propio Estado.

Ver más: El Gobierno retiró la apertura de tierras a extranjeros, pero insiste con desalojos y cambios a la ley de fuego

Para viabilizar su aprobación y evitar el rechazo de la oposición, la Casa Rosada dio un paso atrás y retiró del articulado el repudiado capítulo bautizado “Inviolabilidad de la propiedad privada”, el cual facilitaba la extranjerización de tierras dentro del territorio nacional. No obstante, las organizaciones sociales, políticas y gremiales sostienen la protesta tanto en el Congreso como en las plazas del interior, al remarcar que el texto definitivo conserva modificaciones profundas de un altísimo impacto social y ambiental.

En el ámbito local, la grilla de actividades, programada desde las 13, en plaza San Martín incluye una Radio Abierta transmitida en vivo por referentes del periodismo rosarino, un “fulbito” popular, la presentación del Ejército Popular de Payasxs y la movilización formal que partirá a las 18 horas recorriendo las calles del centro hasta desembocar  con un cierre musical.

Entre los puntos legislativos más sensibles que mantienen en alerta a la ciudadanía figuran la agilización de los juicios de desalojo —que pasarán a ser sumarísimos—, mayores trabas y exigencias económicas para que el Estado lleve adelante expropiaciones por utilidad pública, y la reducción de las restricciones al uso del suelo para campos e inmuebles afectados por quemas o incendios forestales.

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