Luego de una jornada legislativa adversa para el Gobierno, en la que el Senado convirtió en ley una serie de proyectos que el oficialismo había intentado bloquear —incluyendo aumentos a jubilados, reactivación de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad—, en Casa Rosada decidieron cortar puentes con los gobernadores. Lejos de abrir el diálogo, Javier Milei optó por endurecer su postura y descartó cualquier tipo de convocatoria formal a los mandatarios provinciales.
La sensación en los círculos más cercanos al Presidente es de traición. Aunque algunos gobernadores habían dejado trascender que solo respaldarían iniciativas vinculadas a sus propias finanzas —como la redistribución del impuesto a los combustibles o los Aportes del Tesoro Nacional—, su participación en la sesión y el resultado final de las votaciones encendieron la furia libertaria. Desde el Ejecutivo consideran que, al acompañar las leyes impulsadas por el kirchnerismo, los mandatarios se transformaron en cómplices de una embestida política contra el plan de ajuste nacional.
A pesar de algunos gestos conciliadores de figuras como Alfredo Cornejo o Rogelio Frigerio, que intentaron marcar distancia de los proyectos más sensibles para el Gobierno, la decisión ya estaba tomada. “No vamos a convocarlos”, sentenciaron desde despachos oficiales, donde aseguran que los gobernadores están aprovechando lo que consideran “su última oportunidad” antes del recambio legislativo.
El malestar no solo apunta hacia las provincias. En el entorno del Presidente también señalaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel por no haber frenado la sesión. En Balcarce 50 creen que permitió el avance opositor sin resistencia. La interna con Villarruel, a quien Milei ya había dejado al margen en varias decisiones previas, volvió a quedar expuesta.
Desde el escenario de la Bolsa de Comercio, donde cerró la jornada con un discurso frente a empresarios y analistas financieros, Milei eligió una metáfora directa: “Nos clavaron un puñal por la espalda”, expresó sin nombres propios, pero con un mensaje claro hacia los que hasta hace poco eran considerados aliados.
El Presidente ratificó su intención de vetar las leyes aprobadas y deslizó que, si es necesario, acudirá a la Justicia para frenar su aplicación. En el Gobierno creen que con el apoyo de sectores del PRO y otros bloques aliados podrán sostener los vetos sin necesidad de judicializar. La apuesta oficial es ganar tiempo y llegar a las elecciones de octubre con una correlación de fuerzas más favorable en el Congreso.
