La crisis de Bioceres S.A. dejó de ser un problema estrictamente financiero y pasó a ser, sin eufemismos, una guerra judicial. En el centro del conflicto aparece el CEO de Bioceres Crop Solutions (BIOX), Federico Trucco, apuntado por un sector de accionistas que busca avanzar con una acción social de responsabilidad en su contra, mientras otro bloque –alineado con el uruguayo Juan Sartori– empuja una estrategia que incluye un pedido de quiebra para la sociedad local.
El caso exhibe dos bandos nítidos. Por un lado, los directivos cercanos a Sartori —que ganó peso en el entramado corporativo— se presentaron con un pedido de quiebra, en un contexto donde se menciona un pasivo de alrededor de US$30 millones. Por el otro, el núcleo fundador y el entorno de Trucco contestan en la Justicia: denuncian una maniobra para licuar responsabilidades, “encapsular” deudas en Argentina y reposicionar activos del grupo bajo una estructura distinta.
La ofensiva contra Trucco: “acción social” y antecedentes cautelares
La embestida contra Trucco no es una amenaza abstracta: la convocatoria de asamblea para tratar la acción social de responsabilidad contra él (y también contra Manuel Alberto Sobrado) figura incluso en publicaciones formales, con el punto en agenda de manera explícita.
Esa vía —prevista en la Ley de Sociedades— permite que la propia sociedad demande a sus administradores si entiende que su gestión provocó un daño patrimonial. Y, según reconstrucciones periodísticas, ya hubo un capítulo previo: Trucco obtuvo una medida cautelar para frenar decisiones adoptadas en una asamblea anterior que apuntaban en esa dirección, lo que muestra que la disputa por su responsabilidad viene judicializándose desde hace meses.La disputa no solo busca “responsables” por un default o por la caída de valor: también se juega el control político y económico del ecosistema Bioceres, donde aparecen activos estratégicos —como Rizobacter— y un esquema societario que cambió de forma acelerada en el último año. Es ese reordenamiento el que alimenta las lecturas cruzadas: para un sector, hubo desmanejo; para el otro, una “asfixia” inducida para tomar el timón con la empresa debilitada.
Si el derrumbe de Bioceres tuviera guion, hoy estaría escrito en clave judicial y con un nombre propio en la portada: Federico Trucco. Accionistas de la sociedad local evalúan activamente una acción social de responsabilidad contra el CEO (y contra Manuel Sobrado) por decisiones de gestión que —según ese planteo— habrían contribuido a la cesación de pagos y al colapso de la estructura argentina.
Del lado opuesto, quienes rodean a Trucco deslizan otra explicación: que detrás del impulso para demandarlo hay un movimiento estratégico del bloque que ganó peso en el grupo tras la integración con nuevas estructuras corporativas, donde aparece mencionado Juan José Sartori Piñeyro (Union Group) como figura clave en la interna. El conflicto se volvió “carpeta” cuando empezaron a multiplicarse las decisiones con impacto judicial: pedidos de quiebra, medidas cautelares, asambleas impugnadas y acusaciones cruzadas por el control. En ese contexto, la acción social contra Trucco funciona como el movimiento más directo: no discute solo el rumbo, discute responsabilidad personal y abre la puerta a reclamos patrimoniales.
Qué se disputa en el fondo
Más allá del relato “taquillero”, la pelea tiene un objetivo tangible: determinar si el derrumbe responde a mala administración atribuible a exdirectivos —con Trucco como principal señalado— o si fue parte de una jugada societaria para reordenar el holding, dejar pasivos en una sociedad y preservar activos en otra. Esa es la discusión que hoy se libra en tribunales y que explica por qué el CEO quedó convertido en el blanco principal del expediente.
Si querés, te los adapto al formato de tu medio (volanta/título/bajada) y con un cierre más “rosarino” (impacto en el polo biotech local y en Rizobacter) sin perder el foco en la judicialización contra Trucco.
