La prestación de transporte para personas con discapacidad volvió a entrar en una zona crítica y, en Rosario, ya comenzó a impactar sobre afiliados del PAMI. Prestadores del sector resolvieron suspender servicios ante el atraso en los pagos y la pérdida sostenida de rentabilidad, en un escenario que, según denuncian, también arrastra al cierre de centros educativos y de día.
Pablo Bolego explicó a VersiónRosario que la situación se agravó con fuerza en los últimos meses y advirtió que el valor que se paga por kilómetro recorrido quedó completamente desfasado frente a los costos reales de funcionamiento. Según detalló, en diciembre de 2023 los transportistas cobraban 272 pesos por kilómetro, mientras que el combustible costaba 330 pesos. Hoy, en cambio, perciben 790 pesos por kilómetro, pero el litro de combustible ronda los 2.500 pesos.
La comparación, sostuvo, muestra con claridad el deterioro de la actividad. Mientras antes el valor abonado equivalía a cerca del 80% de un litro de combustible, hoy no llega ni al 30%. Para los prestadores, ese desajuste destruyó la rentabilidad y volvió inviable sostener los traslados.
La consecuencia más grave recae sobre las personas con discapacidad, que en muchos casos dejan de contar con medios para llegar a sus tratamientos, rehabilitaciones, escuelas o centros de día. Bolego definió ese escenario como una situación “cruel” y “extrema” para familias que dependen de un servicio esencial.
La problemática, advirtió, no se limita al transporte ni responde a una decisión puntual de Rosario. Según indicó, se trata de una medida que se replica a nivel nacional y que distintos prestadores comenzaron a adoptar en diferentes puntos del país. Por ahora no hay un número preciso de personas afectadas, pero la suspensión de servicios ya forma parte de una dinámica extendida.
A eso se suma otra señal de alarma: el cierre de instituciones. En Rosario, según precisó Bolego, cuatro centros educativos y centros de día dejaron de funcionar en las últimas semanas por no poder afrontar sus costos. Para el sector, eso demuestra que la crisis no es aislada, sino que atraviesa a todo el sistema de atención y acompañamiento a personas con discapacidad.
Frente a este cuadro, el reclamo apunta de manera directa al Gobierno nacional. Los prestadores exigen que se revierta la situación y que el Estado realice los aportes económicos necesarios para garantizar la continuidad de servicios básicos.
Bolego sostuvo que puede haber distintas decisiones de política económica, pero remarcó que el ajuste no puede recaer sobre quienes más necesitan del acompañamiento estatal. En ese sentido, cuestionó que mientras se flexibilizan otras áreas de la economía, no se atienda una prestación fundamental para la vida cotidiana de miles de personas con discapacidad.
El conflicto deja así al descubierto una crisis profunda en un sector sensible, donde la falta de actualización de aranceles, el aumento de costos y la demora en los pagos ya no solo golpean a los prestadores, sino que empiezan a cortar el acceso a derechos básicos.
