La iniciativa presentada en el Concejo Municipal para dejar sin efecto durante dos años las sanciones a choferes de aplicaciones de movilidad no habilitadas en Rosario generó un fuerte malestar en el sector taxista. Las distintas cámaras que representan a titulares y conductores del servicio público consideran que la propuesta implica un aval indirecto a la informalidad y advierten sobre consecuencias económicas y regulatorias.
El proyecto, impulsado por el concejal Federico Lifschitz, plantea la suspensión por 24 meses de las penalidades que actualmente se aplican a quienes trabajen para plataformas como Uber y Didi sin encuadre dentro de la ordenanza vigente. Hoy, solo Cabify cumple con la normativa local y opera en igualdad de condiciones con taxis y remises habilitados.
Críticas por el impacto económico y normativo
Desde el sector sostienen que la eventual condonación de infracciones afectaría la recaudación municipal, ya que las multas por transporte no autorizado pueden alcanzar los 2 millones de pesos por acta. Según datos que manejan las entidades, los controles detectan en promedio decenas de vehículos por mes prestando servicio fuera de regulación.
Las asociaciones de taxistas remarcan además que la medida generaría una competencia desigual. Argumentan que los taxis deben cumplir con exigencias técnicas, seguros específicos para pasajeros, revisiones periódicas y cargas impositivas, mientras que los autos que operan mediante aplicaciones no habilitadas no estarían sujetos a las mismas obligaciones.
Otro de los puntos señalados es el riesgo en materia de cobertura. Desde el sector advierten que, al no estar formalmente autorizados para el traslado de pasajeros, estos vehículos no contarían con seguros adecuados para ese fin, lo que podría dejar desprotegidos a los usuarios ante un eventual siniestro.
Debate sobre controles y aplicación efectiva
Las cámaras también cuestionan la viabilidad práctica del esquema propuesto. Sostienen que el propio municipio ha reconocido limitaciones para fiscalizar la actividad y consideran que suspender sanciones sin un marco regulatorio integral profundizaría la expansión del servicio informal.
En paralelo, describen un crecimiento sostenido de la presencia de Uber y Didi en puntos estratégicos de la ciudad, como la Terminal de Ómnibus, centros de salud y el microcentro, donde aseguran que la competencia directa impacta de lleno en la actividad tradicional.
Un escenario de tensión sin definición
Mientras el proyecto comienza su recorrido legislativo, la ordenanza actual continúa vigente y prohíbe la prestación de servicios de transporte mediante plataformas que no estén debidamente registradas. El debate sobre la regulación —o eventual flexibilización— de estas aplicaciones vuelve así al centro de la escena política local.
Para el sector taxista, cualquier modificación que implique suspender sanciones sin establecer previamente un marco claro de habilitación profundizaría la incertidumbre en una actividad que ya enfrenta caída de viajes, aumento de costos y cambios en los hábitos de movilidad urbana.
