En el marco de una ambiciosa reorganización del Estado, el Gobierno nacional confirmó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A su vez, se abrirá un proceso de concesión para 9.120 kilómetros de rutas, que pasarán a ser gestionadas por privados. La medida se implementará a través de un decreto que será publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia en Casa Rosada. Allí, destacó que estos cambios buscan poner fin a lo que calificó como un esquema institucional que facilitaba la corrupción en la obra pública. “La obra pública, tal como la conocimos, ya no va más. La corrupción tiene los días contados”, sostuvo.
Adorni vinculó la decisión con antecedentes judiciales que involucraron a exfuncionarios y empresas vinculadas al sector vial. En esa línea, hizo referencia al emblemático caso de corrupción que involucró la adjudicación irregular de contratos, adelantos financieros sin respaldo y la ejecución incompleta de obras.
La disolución de Vialidad Nacional forma parte de un rediseño más amplio que incluye la transformación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Este nuevo ente será el encargado de fiscalizar las concesiones viales y ferroviarias, así como de investigar siniestros relacionados con el transporte terrestre y ferroviario.
Las tareas de planificación y diseño de infraestructura vial serán absorbidas por la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Obras Públicas, ambas bajo la órbita del Ministerio de Economía. Según cifras oficiales, el organismo disuelto contaba con más de 5.000 empleados distribuidos entre su sede central y los 24 distritos del país.
Desde el Gobierno estiman que la reestructuración generará un ahorro anual de aproximadamente 100 millones de dólares. Las autoridades remarcaron que la decisión se fundamenta en la necesidad de reducir costos operativos y eliminar estructuras burocráticas que entorpecen la gestión pública.
En paralelo, se anunció también la reconversión de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), que pasará a enfocarse exclusivamente en la aviación civil y será rebautizada como Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Las funciones vinculadas a otros modos de transporte serán redistribuidas entre las dependencias ya mencionadas.
La conferencia contó con la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien tuvo un rol central en la elaboración de los decretos de reforma. Durante su intervención, subrayó que las 65 normativas emitidas en el marco de las facultades delegadas permitieron un ahorro estimado de 2.000 millones de dólares anuales.
Sturzenegger remarcó que esta etapa culmina con el cierre de Vialidad, al que definió como “el mayor símbolo de corrupción de los últimos gobiernos”. Y adelantó que el miércoles próximo se celebrará en Casa Rosada una reunión para reconocer el trabajo del equipo que impulsó esta primera fase de reformas.
“Esto recién empieza”, aseguró Adorni. “La motosierra es infinita”, sentenció.
