La Justicia Federal de Rosario imputó a siete personas por su presunta participación en un esquema de lavado de activos delictivos, vinculado al narcotráfico. Entre los acusados se encuentran dos hombres ya condenados por tráfico de estupefacientes, así como otras cinco personas que integraban su círculo de confianza. Las fiscalías federales atribuyen al grupo 29 maniobras de blanqueo que involucran vehículos de alta gama, propiedades y un terreno en la localidad de Oliveros.
La causa surgió a partir de una pesquisa que se inició tras allanamientos realizados en abril pasado a una inmobiliaria ubicada en el centro de Rosario, en la zona de Oroño y el río. En ese procedimiento intervino personal de la Gendarmería Nacional, que interceptó los vínculos entre la firma investigada y los acusados, quienes se valían del negocio inmobiliario para dar apariencia legítima a fondos provenientes de la venta de drogas.
Los imputados enfrentan cargos por lavado de dinero agravado por habitualidad y por organizarse como parte de una estructura. El juez de garantías dispuso que los acusados continúen el proceso en libertad, aunque con medidas cautelares de carácter patrimonial para asegurar el secuestro o bloqueo de bienes.
De acuerdo con la investigación, uno de los condenados al tráfico utilizó su disposición patrimonial para adquirir una camioneta Toyota SW4, un Audi A5 y otros autos de lujo por precios muy por debajo de su valor real, junto con un lote en una zona exclusiva de Oliveros. Su socio en las operaciones habría comprado asimismo una casa y diversos vehículos de alta gama, los cuales luego fueron transferidos a terceros a fin de encubrir el origen del dinero.
La inmobiliaria central en la pesquisa habría actuado como pantalla para la compra, transferencia y gestión de bienes vinculados a esos fondos ilícitos. En sus instalaciones se detectaron operaciones vinculadas tanto a inmuebles en Rosario como a vehículos adquiridos y cedidos a integrantes del grupo.
La causa se desprende de una investigación mayor que culminó en diciembre del año anterior con la condena de 14 personas por narcotráfico en el cordón industrial santafesino. Ahora, con esta nueva etapa, los fiscales buscan seguir el rastro de los bienes para determinar el alcance del entramado financiero asociado al comercio de estupefacientes.
El avance de la causa representa un golpe al lavado de activos en Rosario, y pone sobre el tablero la necesidad de fiscalización permanente del mercado inmobiliario y automotor para detectar operaciones compatibles con el blanqueo de dinero proveniente del crimen organizado.
